La Guardia Civil de Badajoz ha imputado a un empresario de Corte de Peleas (Badajoz), T.A.R., de 32 años, por tener en una explotación agrícola a 69 personas trabajando en la recolección de aceitunas sin contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social, entre los que se encontraban cuatro menores de 13 a 15 años.

Todos los trabajadores, salvo uno que era español, son rumanos y trabajaban la jornada diaria por un salario "muy por debajo" del estipulado para estas labores, mientras que el empresario imputado había sido contratado por el titular de la explotación para que buscara cuadrillas para la recogida de aceitunas.

En esta operación contra el fraude fiscal, que se llevó a cabo el pasado 14 de enero en la finca situada en la Ex-300, entre la N-V y Almendralejo, participaron más de 20 agentes de la Guardia Civil, además de una inspectora y dos subinspectores de Empleo y Seguridad Social.

El delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, ha informado este viernes de la operación junto con el comandante jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, Manuel Delgado, y el jefe de la Unidad Especializada de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, Enrique Borrego.

Los agentes obtuvieron información a principios de enero de que en la zona de Corte de Peleas se estaba captando de forma irregular a trabajadores, en su mayoría ciudadanos rumanos, por lo que trasladaron la información a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y se montó el dispositivo para realizar la inspección, según Manuel Delgado.

Algunos de los trabajadores intentaron huir corriendo y ocultarse entre los olivos al ver a los agentes en la finca, pero finalmente todos fueron localizados e identificados "y no hubo problemas", según Manuel Delgado, quien ha asegurado que había más niños en la explotación, aunque estos se encontraban con sus familias y no desarrollaban ninguna actividad laboral.

Los inspectores comprobaron que la empresa responsable de los trabajadores no había formalizado ningún contrato de trabajo ni les había dado de alta en la Seguridad Social.

La Guardia Civil ha imputado al responsable de la empresa por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores, por lo que las diligencias han sido puestas a disposición de los juzgados de instrucción Badajoz y la Fiscalía de Menores.

No obstante, el propietario de la explotación también tiene responsabilidad "por no estar al corriente" de lo que ocurría en la finca, por lo que tendrá que afrontar el pago de una multa por una sanción considerada grave, según ha manifestado López Iglesias.

Multas millonarias y cárcel

El jefe de Unidad Especializada de la Seguridad Social ha explicado que las actuaciones inspectoras se encuentran aún en fase de comprobación, por lo que las actas de infracciones se encuentran aún en trámites.

No obstante, el empresario imputado podría enfrentarse a multas de 311.036 a 1.162.515 euros, cantidades que se incrementarían si algunos de los trabajadores estaban percibiendo alguna prestación, lo que sería considerado una infracción "muy grave" y lleva aparejada una sanción mínima de 10.001 euros hasta un máximo de 187.515 euros por cada trabajador.

La última reforma del código penal en materia de fraude fiscal se ha considerado delito dar simultáneamente trabajo a extranjeros que no estén autorizados para trabajar, en el caso de que tener a más de cinco trabajadores, por lo que podría ser condenado a penas de 6 meses a 6 años de prisión y multas de 6 a 12 meses.

Por ello se ha dado traslado de esta actuación al Ministerio Fiscal para que actúe contra el empleador, según Enrique Borrego, quien ha recordado que el titular de la explotación no está exento de responsabilidad por lo que tendrá que abonar multas que oscilan entre 626 y 6.250 euros por cada trabajador, por una sanción grave.

También ha recordado que los trabajadores que perciban alguna prestación "tienen la obligación legal" de dejar de cobrarla en el momento en el que le den un empleo retribuido, "le den el alta o no en la Seguridad Social", para ello tienen que comunicarlo en su oficina de empleo.

El delegado del Gobierno ha manifestado que esta operación conjunta entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con la Guardia Civil es una más de las que se vienen realizando en el marco de colaboración que mantienen el Gobierno de Extremadura y el Gobierno de España para la lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad Social.

Los ciudadanos deben saber, según López Iglesias, que esto "no es una broma, es algo muy serio", ya que "hay gente pierde el paro" y también empresas que creen que tienen "impunidad" porque deleguen en otros la contratación de los trabajadores.