El Gobierno de La Rioja destinará 2.231.802 euros a financiar, por un lado, el servicio de acogida y reinserción de menores en ejecución de medidas de internamiento y de medio abierto y, por otro lado, el contrato del servicio de ejecución de medidas en medio abierto y reinserción social de los menores, según ha informado esta mañana el portavoz del Ejecutivo riojano, Emilio del Río.

En cuanto al servicio de acogida y reinserción de menores, contará con presupuesto de 1.634.994 euros, cantidad que se plurianualizará en los ejercicios de 2014 (1.231.807 euros) y 2015 (403.137 euros).

El Centro de Menores Virgen de Valvanera (ubicado en la calle Piqueras de Logroño), que depende de la consejería de Presidencia y Justicia, es el encargado de ejecutar el servicio de acogida y reinserción social de menores en ejecución de medidas de internamiento y de medio abierto dictadas por el Juzgado de Menores.

El centro cuenta con las dependencias, instalaciones, mobiliario y enseres necesarios para la atención, actualmente, de 19 menores en presencia simultánea con medida judicial de internamiento y 2 menores con medida judicial de permanencia de fin de semana en centro. Cuando las plazas de fin de semana no sean ocupadas por la medida de permanencia de fin de semana, éstas podrán ser ocupadas, con carácter excepcional, por otras medidas de internamiento.

Asimismo, en el centro trabaja un equipo integrado por psicólogos, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, profesores y educadores especializados que realizan un proyecto educativo individualizado para cada menor con el objetivo de conseguir su definitiva reinserción social y laboral.

En tres años

Por otro lado, el Gobierno de La Rioja destina 596.808 euros para el contrato del servicio de ejecución de las medidas en régimen abierto y reinserción social de los menores infractores en nuestra comunidad. Este gasto, se llevará a cabo en los ejercicios 2014 (248.670 euros), 2015 (298.404 euros) y 2016 (49.734 euros).

En concreto, se trata de las medidas de régimen abierto y reinserción social que dictamina el juez para los menores infractores de nuestra comunidad: libertad vigilada, tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio de la comunidad. Todo ello coordinado por un equipo técnico multidisciplinar compuesto por un director, seis educadores, un trabajador social y un auxiliar administrativo (a media jornada).

Los fines de la aplicación de este tipo de medidas son, principalmente, aunar el control como respuesta jurídica y la educación como elemento social, además de evitar la reincidencia del menor y su internamiento. Por ello, el trabajo que se realiza con los jóvenes aspira, entre otros objetivos, a lograr que se responsabilicen de su conducta y de las consecuencias que los hechos cometidos puedan acarrear; facilitar su proceso de maduración, y realizar intervenciones en el ámbito familiar (informativas en la mayor parte de los casos).

Del Río ha señalado que en 2013 fueron 254 los jóvenes que tuvieron medidas de régimen abierto.