El Ayuntamiento de Valencia solicitará al Gobierno valenciano que la revisión del decreto 113/2013, de 2 de agosto, que establece el régimen y las cuantías de los precios públicos en el ámbito de los servicio sociales, conocidos como copago. De este modo, el consistorio pretende que se garantice que esta norma se ajuste "a los criterios mínimos y comunes que establece el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 10 de julio de 2012, en las condiciones más favorables para las personas con discapacidad".

Esta petición de la revisión se ha aprobado por unanimidad —con los votos del PP, al frente del equipo municipal de gobierno, y de los tres grupos de la oposición PSPV, Compromís y Esquerra Unida (EU)— en el pleno ordinario del mes de enero a partir de una moción alternativa planteada por la concejala de Bienestar Social, Ana Albert, a la moción presentada por el PSPV para reclamar a la Generalitat "la inmediata derogación" del citado decreto.

Asimismo, el consistorio valenciano ha acordado, como ha anunciado Albert al presentar la propuesta alternativa, "seguir prestando los mismos servicios en los centros ocupacionales municipales sin aportación económica alguna de los usuarios, manteniendo las actuales condiciones en los demás centros municipales destinados a las personas con discapacidad".