El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha suspendido el procedimiento de licitación de un acuerdo marco aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre para la compra conjunta de guantes, pañales y otros productos sanitarios por parte de varias comunidades.

La suspensión, que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), se hace efectiva después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) acordara el pasado 17 de enero su suspensión como "medida provisional", tras los recursos interpuestos por algunos de los fabricantes de estos productos contra los pliegos de dicho acuerdo.

El plazo de duración previsto para este acuerdo era de dos años, con la posibilidad de prórroga por un año más, y el importe de la licitación, incluida su prórroga, es de casi 62 millones de euros, por lo que el ahorro para el Sistema Nacional de Salud (SNS) se estima en 8,6 millones de euros.

En la compra estaba prevista la participación de ocho comunidades (Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja), además del propio Ingesa (para Ceuta y Melilla, y los ministerios de Defensa e Interior (Instituciones Penitenciarias).

La suspensión deja sin efecto también el acto público de apertura de ofertas que debía celebrarse el próximo lunes, 3 de febrero, y el procedimiento se mantendrá hasta que la resolución del recurso acuerde el levantamiento de dicha medida cautelar. Fuentes del departamento de Ana Mato han explicado a Europa Press que el tribunal deberá decidir si suspende definitivamente el procedimiento o levanta la suspensión en los próximos días.

La articulación de esta agrupación de adquisiciones se efectúa a través del mecanismo previsto en la ley de contratos del sector público, mediante la adopción de un acuerdo marco centralizado de selección de precios y suministradores.

El Ministerio aseguró tras la aprobación de dicho acuerdo marco que "supone una garantía para las empresas suministradoras", sobre todo en relación a los tiempos de pago, al "propiciar la estabilidad del mercado mediante un escenario de contratación común".