La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), ha pedido este jueves al Gobierno central que retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de la Función Social de la Vivienda, ya que éste se basa en argumentos "ridículos" que inciden en "un modelo fracasado" que "está provocando mucho dolor y sufrimiento".

En declaraciones a los periodistas en Almería, Cortés ha señalado que el recurso del Ejecutivo es "una tomadura de pelo" puesto que, según ha defendido, la ley impulsada por el Gobierno andaluz "plantea la necesidad de adelgazar el inmenso stock de viviendas deshabitadas de las entidades financieras y pasarlas al alquiler".

Asimismo, la titular andaluza de Vivienda ha remarcado el objetivo de la ley en cuanto a que "plantea combatir los desahucios de familias trabajadoras que se encuentran en situación de emergencia habitacional" y "poner freno a la especulación". "En todo el recurso del Gobierno a esta ley no hay ni una sola mención o referencia a la vulneración sistemática al derecho humano a la vivienda, al calvario que pasan las familias trabajadoras que se han visto o se pueden ver en una situación previa al desahucio", ha dicho la consejera.

Para Cortés, el recurso que "ha forzado el presidente del Gobierno" supone una "desprotección masiva de todas las familias" que pueden estar en un proceso previo a la pérdida de su vivienda, a una ejecución hipotecaria y "lógicamente a las 34 familias que ya tenían su expediente publicado en el BOJA".

La consejera, que ha acudido a Almería para la firma 13 convenios de adhesión de municipios al Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, ha afirmado que tras el recurso del Gobierno "es más necesario que nunca establecer una alianza institucional verdadera que permita blindar Andalucía de las incursiones" del Ejecutivo en la "capacidad legislativa" de la región, sentido en el que ha valorado estos nuevos acuerdos que son "un compromiso y una rebeldía a una situación injusta".

En esta línea, ha precisado que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda impulsado desde su consejería cuenta ya con 264 ayuntamientos adheridos en toda la comunidad autónoma, esto es, algo más de un tercio de los pueblos andaluces.