Casi todas las estadísticas relacionadas con el terrorismo distribuidas por el Departamento de Justicia de EEUU tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta principios de 2005 eran inexactas.

Según una auditoría de ese Departamento, esas estadísticas proporcionadas por fiscales federales de EEUU también incluían violaciones a las leyes de inmigración, fraudes matrimoniales y tráfico de drogas.

Las estadísticas relacionadas con el terrorismo contenían cifras de sospechosos acusados y condenados, así como de amenazas contra ciertas ciudades estadounidenses.

Los datos eran recogidos por el FBI, la división criminal del Departamento y la oficina ejecutiva del secretario de Justicia.

La auditoría, encargada por el inspector general del Departamento de Justicia, Glenn A. Fire, explica que los datos estaban aumentados en algunos casos o disminuidos en otros y que sólo dos grupos de los 26 informes difundidos entre 2001 y 2005 eran "exactos".

Las cifras suministradas por el Departamento son usadas para medir el avance de la agencia en la lucha antiterrorista y suelen ser entregadas al Congreso estadounidense.

Una parte de las mismas son utilizadas para elaborar el presupuesto anual del Departamento de Justicia.

"Por esta y otras razones es básico que se proporcionen datos precisos", indica la auditoría.

Tras conocerse la noticia, el senador demócrata Charles Schumer se preguntó cómo, si el propio Departamento de Justicia "no tiene sus datos en orden, podemos confiar en que hacen el trabajo que deben".

Por su parte, el senador republicano Chuck Grassley apuntó que es necesario determinar si las inexactitudes fueron un error "o si hay otro motivo detrás".