El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, ha desestimado la petición de la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar de declarar por videoconferencia este viernes en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de un soborno de cuatro millones de euros que habría pagado la promotora Sacresa a cambio de resultar adjudicataria de los terrenos palmesanos de Can Domenge.

De este modo, Munar deberá ser trasladada desde el centro penitenciario de Palma, donde se encuentra ingresada desde el 24 de julio de 2013, hasta los Juzgados de Via Alemania para ser interrogada por el magistrado. Se trata de la primera vez que la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM) saldrá de prisión.

Por su parte, este jueves ha declarado el exconseller insular de Territorio y exportavoz parlamentario de Unió Mallorquina, Bartomeu Vicens, y está siendo interrogado en estos momentos el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal. Ambos han acudido a los Juzgados tras salir de la cárcel, donde cumplen condena por varias causas de corrupción.

Fue el propio Vicens -condenado en firme a tres años de prisión por una pieza del caso Son Oms, a otros tres años por otra pieza del caso Maquillaje y a ocho meses por el caso Can Domenge- quien confesó que tanto la histórica dirigente de UM como Nadal, él mismo y la extinta formación regionalista -desaparecida a raíz de los numerosos casos de corrupción que pesan sobre sus espaldas- percibieron hasta un total de cuatro millones de euros por la venta irregular de los solares.

Vicens entregó asimismo ante la Audiencia Provincial de Baleares hasta un total de 160.000 euros del cohecho investigado, lo que junto a su escrito de confesión llevó a la Fiscalía Anticorrupción a interponer una denuncia por estos hechos y a registrar las viviendas de Munar y Nadal sin que en ellas se hallase rastro del dinero que presuntamente cobraron por el amaño del proceso.

A la confesión sobre el presunto cohecho por parte de Vicens se sumó, justo un día antes de la fecha en que estaba fijado el inicio del juicio por la adjudicación de los terrenos, tras más de seis años de que se iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, se sumó la d el propietario de Sacresa, Román Sanahúja, quien reconoció que pagó un soborno de cuatro millones de euros a cambio de resultar beneficiaria de la venta de los terrenos por parte del Consell de Mallorca.