El Gobierno ha respondido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que el Estado no puede retener ningún porcentaje de los fondos de empleo juvenil porque el procedimiento comunitario no lo permite y que, además, la gestión de estas partidas se han gestionado siempre desde una "cooperación leal" entre ambas administraciones.

Según ha explicado a Europa Press el director general de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, Miguel Ángel García Martín, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas "han colaborado siempre cada uno desde su marco competencial" para gestionar los fondos europeos destinados a cuestiones como el empleo.

El Gobierno ha respondido de esta forma a Susana Díaz, quien este miércoles ha trasladado al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, su preocupación por que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretenda "retener" y "gestionar directamente" el 50 por ciento de los fondos europeos que corresponden al país para promoción de empleo juvenil cuando, según ella, "no tiene competencias en políticas activas de empleo", ya que están en manos de las comunidades.

García Martín ha mostrado su "sorpresa" por estas declaraciones y las ha achacado a un posible "desconocimiento" de la presidenta de la Junta de Andalucía sobre el procedimiento comunitario puesto que el Estado no podría retener ninguna partida. "No hay gastos que retener porque es necesario, primero, actuar desde los presupuestos nacionales y regionales y, segundo, una vez certificado el gasto, reclamar el retorno comunitario", ha indicado.

Ya existe un grupo de trabajo

El director general ha recordado que, en virtud de lo acordado en la última conferencia sectorial de diciembre pasado, ya existe un grupo de trabajo de coordinación de estos fondos para el empleo juvenil encargado del desarrollo informático y normativo. "Es la colaboración normal entre administraciones desde hace mucho tiempo", ha apostillado.

García Martín ha negado que, como ha sostenido Díaz, el Estado no tenga competencias en materia de empleo juvenil y ha señalado que, por ejemplo, se encarga de gestionar las bonificaciones a la contratación. Además, ha destacado el papel de supervisión del Estado para garantizar la correcta aplicación de los fondos "en igualdad de condiciones para que todos los jóvenes se puedan aprovechar de los mismos con independencia de su lugar de residencia".