El director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Carlos Cabanas, le ha aclarado este miércoles a la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta, Elena Víboras, que en el reparto de los fondos del segundo pilar, el de desarrollo rural, de la Política Agraria Común (PAC), no se aplica el 'criterio Cañete', sino criterios "objetivos", que han sido "acordados con todas las comunidades autónomas".

En una rueda de prensa en Córdoba, junto con el subdelegado del Gobierno en la provincia, Juan José Primo Jurado, Cabanas ha destacado que "es falso" que exista dicho criterio, dado que "hay unos criterios objetivos establecidos por la Unión Europea (UE) para los estados miembros", y que "son los que se han aplicado para ver qué correspondía a cada comunidad", con las que también se han acordado los criterios, ha apostillado.

En este sentido, ha precisado que "el Gobierno de España para evitar que Andalucía perdiese hasta 400 millones de euros, lo que ha hecho ha sido limitar las pérdidas, que como máximo la comunidad puede perder un diez por ciento", y aún así "la pérdida será de unos 200 millones de euros menos de lo que le correspondería".

Al respecto, admite que "ha habido una reducción", y ante ello ve "lógico que la consejera vote en contra", pero subraya que "le correspondía una reducción mucho mayor de la que finalmente se ha aplicado". Además, apunta que "han pasado siete años y a la Junta de Andalucía le quedan más de 600 millones de las ayudas de desarrollo para poner en marcha".

Cabanas ha recordado que durante el periodo 2007-2013 el reparto de fondos sin ningún criterio objetivo significó que algunas Comunidades Autónomas perdieron más del 60 por ciento de los fondos de desarrollo rural; muchas, más del 40 por ciento y la gran mayoría, por encima del 30 por ciento. "No fue así en el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, que incrementaron sustancialmente sus recursos en detrimento de las demás", ha explicado el director general.

Para este periodo de programación, ha indicado Cabanas, "se han tratado de corregir los desequilibrios del anterior reparto", utilizando para ello el criterio de integración que aplica la Comisión Europea para repartir fondos entre los Estados miembros. Para ello se han utilizado indicadores sobre la situación económica, medioambiental y territorial, relacionados con los tres objetivos de la política de desarrollo rural como la competitividad de la agricultura, la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima y el desarrollo territorial equilibrado.

Entretanto, valora que la comunidad autónoma se sitúa como la primera preceptora de fondos para desarrollo rural, al recibir 1.906 millones de euros del total de los 8.053 destinados a este segundo pilar. A partir de ahora, ha subrayado Cabanas, "la evolución futura, dependerá de la gestión que la Junta haga de los importantes fondos que va a gestionar en adelante".

Ayudas garantizadas

Mientras, el director general ha asegurado que, con la aplicación de la reforma de la PAC, los agricultores y ganaderos andaluces tienen garantizado el mismo nivel de apoyo a las rentas hasta 2020". Esto supone, ha subrayado, "un extraordinario punto de partida para Andalucía, que seguirá siendo la principal preceptora de fondos, tanto del primer pilar como del segundo".

Así, ha destacado los beneficios que para muchos sectores andaluces aportan los acuerdos de la Conferencia Sectorial en cuanto a la percepción de las ayudas asociadas "dado que en Andalucía están presentes todos los sectores beneficiados" como la leche, el vacuno de engorde, el apoyo a la vaca nodriza, el ovino y el caprino, los frutos secos, el tomate para la industria, el arroz, la remolacha, las proteaginosas y las leguminosas.

También ha resaltado el modelo de regionalización negociado por el Gobierno, "que ha permitido preservar la ficha financiera para el olivar andaluz, con mas de 900 millones de euros que van a seguir siendo percibidos por los productores de aceite de oliva en Andalucía". Un sector, ha añadido que se beneficiará también del pago por "greening", que es el 30 por ciento sin ninguna obligación adicional.

Agricultores activos

En cuanto a los perceptores de las ayudas, Cabanas ha incidido en los requisitos establecidos para recibir ayudas de la PAC, que exigen contrastar "una actividad agraria significativa". Con ello, ha señalado, "se va a conseguir que las ayudas se centren en las explotaciones que tienen actividad económica, que dan empleo y que vitalizan al medio rural".

Por otra parte, y cara a los pequeños agricultores, definidos por la Unión Europea (UE) como aquellos que cobran menos de 1.250 euros al año, el director general ha recordado que el Gobierno negoció un régimen específico, que en Andalucía afecta al 40 por ciento de los perceptores de ayudas que tienen un régimen especial, de manera que no se les aplica ningún tipo de convergencia. "De esta forma, los pequeños agricultores tienen un régimen especial que les da una situación simplificada y preferente sobre los demás", ha añadido Cabanas.

La provincia de córdoba

En relación a la provincia de Córdoba, Cabanas resalta que "en el olivar se mantienen las ayudas", al tiempo que "se deja la puerta abierta a un futuro poder acoplarlo si fuese necesario por descenso de producción". Por tanto, cree que es "muy favorable" para el olivar; mientras que en la zona de regadío y el cereal, "se va a mantener el nivel de apoyo y al acoplar el girasol, podrá recibir un apoyo complementario para fomentar la producción de torta de girasol para alimentación animal".

En cuanto al Valle de los Pedroches, valora "la gran cantidad de dinero que va al acoplado", como zona ganadera, de manera que en general subraya que la propuesta del Gobierno con las comunidades autónomas en este aspecto "es positiva para el campo cordobés".