La Junta Directiva de la Asociación de Inspectores de Educación (Adide) de Andalucía ha reaccionado a las críticas elevadas por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en la región respecto a las actuaciones de la Inspección Educativa sobre los centros concertados, defendiendo la "rigurosidad" de las actuaciones de este servicio y animando a denunciar cualquier tipo de acción que se pueda considerar como "no ajustada a derecho".

El presidente de Adide Andalucía, Ángel Ruiz Fajardo, ha indicado a Europa Press que las acciones realizadas por los integrantes de los Servicios Provinciales de Inspección de Educación de Andalucía "se ajustan a los criterios y procedimientos descritos en el Plan de Actuación de la Inspección de Educación que deriva de lo establecido en la normativa vigente"

Estas actuaciones "siempre" están basadas en criterios "técnicos, rigurosos y ajustados a la normativa, todo lo contrario de las acusaciones y descalificaciones de Rafael Caamaño (secretario general de CECE-A), que más bien parecieran las palabras de un político de tres al cuarto, y no las de un representante de una institución tan seria y respetable como la CECE".

"En la planificación se define una actuación de supervisión relativa a centros privados concertados que se inscribe en el marco natural de las atribuciones que por ley tiene asignadas la Inspección Educativa; utilizando siempre los cauces y procedimientos reglamentarios, los centros han contado con la información y el asesoramiento prestado por los integrantes de los servicios de Inspección para procurar la adecuación a la norma y para subsanar las disfunciones detectadas", ha señalado Ruiz Fajardo.

Para Adide, acusaciones como las de CECE son "inapropiadas, injustas, demagógicas e insultantes". Por ello, el colectivo ha remitido a sus servicios jurídicos las declaraciones "para que, si procediera, se emprendan las acciones legales oportunas".

Piden relato pormenorizado

"Si se considera que algún miembro de la Inspección protagoniza actuaciones no ajustadas a derecho, deben denunciarse inmediatamente ante la autoridad competente para que actúe depurando las responsabilidades que correspondan", ha manifestado el presidente de Adide Andalucía, que "es la primera interesada en evitar que se pueda producir cualquier actuación al margen de lo establecido en la norma y en garantizar que los integrantes de la Inspección de Educación intervienen siempre dentro de los parámetros de una estricta ética profesional".

La asociación reta a CECE a que se haga un relato pormenorizado de los supuestos acosos, coacciones y demás acusaciones, "porque la Inspección sí puede hacer llegar los incumplimientos que hemos observado en las distintas visitas realizadas a los centros".

Adide Andalucía, por último, ha recalcado que "no va a tolerar que impunemente se pretenda obstruir y limitar la labor realizada por la Inspección de Educación, atacando injustamente a sus integrantes sin que se haya presentado queja o denuncia concreta sobre la actuación de ninguno de sus miembros, lo que responde no sólo a un mandamiento legal, sino también a su compromiso social por garantizar los derechos del alumnado, de las familias, del profesorado y, en definitiva, de todos cuantos intervienen en el hecho educativo, desde una perspectiva técnica, profesional y ética".

"Este tipo de actos suponen un descrédito injusto e injustificado y ejercen una coacción sobre los integrantes de los distintos servicios de Inspección que, de permitirse, podría socavar su independencia e imparcialidad, cuestión que, para garantía del servicio público que se presta, vamos a defender por todos los medios a nuestro alcance", ha apostillado.