Los delegados en Andalucía de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta andaluza, están convocados para las 11,30 horas de este jueves a una asamblea en la sede de UGT-A para decidir y, tras la misma, iniciar protestas —entre las cuales se baraja como recurso a adoptar, en el caso de que no se produzcan resultados satisfactorios, la huelga general— por los "recortes" que sufren, que tendrían una especial incidencia en servicios como el plan para la prevención y extinción de incendios forestales (Infoca) y que ya han llevado al Parlamento.

Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general de CCOO en la Amaya, Juan Antonio Rebollo, respecto a unas movilizaciones que, de hecho, han dado comienzo este miércoles en Granada, cuando trabajadores del comité de empresa de la agencia se han encerrado a las 11,00 horas en la sede provincial del PSOE granadino, en protesta por los recortes que la administración autonómica aseguran que les va a aplicar "de manera unilateral".

De esta manera, los trabajadores presentarán su calendario de movilizaciones, que se iniciará una vez acabado el periodo de consultas establecido por la dirección del ente. En este sentido, Rebollo ha lamentado que, pese a la reunión mantenida recientemente con los grupos políticos, ha pasado un plazo "prudencial" sin que se haya presentado ninguna alternativa real que palie la situación de estos profesionales.

Así, el 6 de febrero habría concentraciones en las Delegaciones de Gobierno de la Junta de todas las provincias, mientras que para el día 8 se haría una manifestación en Sevilla a nivel andaluz.

Los trabajadores recalcan la "contradicción" del discurso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "que dijo que no se recortaría a los empleados públicos más que en 2013, cuando en la agencia se habla de ajustes por valor de 18 millones". Al respecto, el secretario general de UGT en la agencia, Juan Sola, indicó a Europa Press que PSOE e IU se mostraron en el Parlamento "receptivas", especialmente la federación de izquierdas, cuyo portavoz parlamentario de Medio Ambiente, Manuel Baena, se habría comprometido a "analizar la situación minuciosamente y buscar soluciones" para evitar que se firme el plan de ajuste en los términos actuales.

El principal conflicto se centra en el dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales (Infoca), a los que se ha propuesto suprimir dos meses de trabajo. "Lo que tienen que hacer es lo contrario, darnos carga laboral y reducir la vía de la encomienda de gestión", ha subrayado Rebollo, que lamenta la precarización asociada al proceso y el hecho de que acabe afectado un dispositivo "de referencia para el resto de España".

Manifiestan que se está externalizando artificialmente de carga de trabajo a numerosas personas de la agencia "que están viendo como su contenido es usurpado por empresas privadas con el consiguiente incremento de costes para el contribuyente". Esto, aseguran, está pasando en actividades de uso público, del dominio público hidráulico y proyectos del plan de choque forestales, donde "no se está procurando que las inversiones reviertan en mantenimiento y creación de nuevos puestos de trabajo, dilapidando las inversiones para enriquecimiento de empresas privadas".

"Esto choca frontalmente con las posiciones defendidas en público por la Junta, que de cara a la galería argumenta el mantenimiento del empleo público, cuando la realidad es bien distinta". Por ello, han concluido los sindicatos, se dirigen a los grupos parlamentarios en la búsqueda de "soluciones reales que eviten el deterioro del medio ambiente en nuestra comunidad, al no poderse garantizar, entre otros puntos, el correcto desarrollo del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Andalucía, referente nacional e internacional".