El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, ha apuntado que pedirán responsabilidades políticas en las administraciones local y regional por el "desastre económico" que supone la sentencia que condena al Consistorio a pagar casi 20 millones de euros a los propietarios de una parcela de la finca Zambrana en la que se procedió a la expropiación por ministerio de la ley.

En un comunicado recogido por Europa Press, Saravia ha aseverado que "existe una gravísima responsabilidad de las administraciones local y autonómica por no saber o por no hacer nada para evitar la reversión a la propiedad privada de unos terrenos que eran públicos desde 1943, cuando se produjo la expropiación original.

Saravia ha considerado que los trámites de esa reversión se iniciaron en 1977 y no concluyeron hasta 2007, cuando la Junta firmó el convenio de reversión. "A los pocos años, los nuevos propietarios —herederos del propietario expropiado en 1943— solicitaron de nuevo la expropiación y la Comisión Territorial de Valoración valoró la parcela norte, en junio de 2012, en casi 17 millones de euros", han explicado.

"Existe una grave responsabilidad de la Junta por dejar tirado al Ayuntamiento, sin tener en cuenta las repercusiones de sus actos sobre el municipio", ha apostillado el representante de IU, quien ha destacado que no consta que la Administración regional consultara a la municipal sobre los terrenos cuando se procedió a la reversión.

Pero, para Saravia, la responsabilidad también recae en el Ayuntamiento por una gestión que ha acabado en la obligación de abonar el justiprecio citado.

También ha apuntado que el Plan General de Ordenación Urbana tiene la obligación de expresar el modo que tiene previsto el Ayuntamiento para obtener esas Dotaciones Públicas. La ley prevé diversas fórmulas, como la adscripción de estos suelos a sectores con aprovechamiento urbanístico, "pero nada se hizo".

En todo caso, el portavoz de IU ha recordado que los responsables políticos "sabían cuál era la situación", que ha concluido "con un desastre de gestión por el que se deben rendir responsabilidades". Para el representante político "no es posible que la ciudadanía siga pagando la mala gestión" y sufra las consecuencias del abono de los casi 20 millones de euros para que el Ayuntamiento recupere unos terrenos "que hasta hace sólo siete años eran de propiedad pública".

Así, ha manifestado su temor a que esos 20 millones de dinero público "dejarán de ser invertido en servicios a las personas". Por ello, IU pedirá la dimisión de los responsables políticos implicados y llevará una interpelación sobre este tema en el próximo Pleno municipal.

Para Izquierda Unida, además, sería necesario modificar la legislación de reversión tras una expropiación. La regulación actual y la forma en que se aplica la reversión "es disparatada, llevando a actuaciones nítidamente especulativas como la que nos ocupa".