De todos los expedientes abiertos, 11 (considerados graves) han sido remitidos a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Entre estos infractores hay empresas y particulares.
La Confederación Hidrográfica del Segura también ha remitido 34 casos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, por si son constitutivos de delito, ya que los daños provocados al dominio público hidráulico superan los 400 euros.
La infracción más grave de las registradas el año pasado en la cuenca del Segura ha sido enviada al Consejo de Ministros para que aplique una sanción ejemplarizante.
Durante el año pasado, los expedientados han pagado a la Confederación 560.119,04 euros. Este dinero se reinvierte en la recuperación del dominio público hidráulico.
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