La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha asegurado que las plazas vacantes generadas en los doce centros de educación diferenciada por sexo existentes en la comunidad autónoma, a los que la administración andaluza ha retirado el concierto, al no permitir la entrada de alumnado externo no generan coste añadido, después de que esta circunstancia fuera dada a conocer por parte de padres de alumnos que llegaron a presentar reclamaciones por este motivo bajo el argumento de que se impedía el derecho a elegir.

Así consta en una respuesta parlamentaria del consejero del ramo, Luciano Alonso, a la diputada popular María Francisca Carazo, consultada por Europa Press y en la que la Consejería reivindica haber mantenido abierto un "dilatado" proceso de diálogo y negociación con la titularidad de los colegios "a fin de impedir que centros financiados con recursos públicos establecieran discriminaciones por razones de sexo en la escolarización".

Recuerda Alonso como la decisión de los centros de mantenerse en su patrón pedagógico llevó a la Junta a denegar la renovación de la subvención, "en consonancia" con la jurisprudencia establecida en distintas sentencias del Tribunal Supremo, decisión que entra en vigor a partir del presente curso y que para no "perjudicar" al estudiantado ya escolarizado en tales colegios escalonaba su aplicación, comenzando el cese del concierto por el primer curso impartido en cada uno de ellos.

De esta manera, Educación indica que el concierto de las unidades, con independencia del número de alumnos escolarizados, se financia de acuerdo con los módulos establecidos al respecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que las posibles vacantes "no generan coste añadido alguno".

Todos los centros afectados han confirmado ya que solicitarán la subvención pública para 2014. Asimismo, según ha precisado a Europa Press la portavoz de la plataforma 'Mis padres deciden', Gemma García, todos los colegios en esta situación se acogerán a la disposición adicional de la ya aprobada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), según la cual podrán volver a solicitar el concierto denegado el pasado ejercicio a los dos meses de la entrada en vigor de la reforma, es decir, a principios de marzo.

"Los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas por el único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos podrán solicitar que se les aplique lo indicado en el artículo 84.3 de esta Ley Orgánica para el resto del actual periodo de conciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor", establece el texto normativo.

Dispuestos a ir a los tribunales

Esta medida se introdujo durante la tramitación parlamentaria de la reforma en el Senado, a través de una enmienda de UPN, aceptada por el PP. En concreto, podrán pedir de nuevo a principios del mes de marzo esta subvención autonómica doce centros andaluces y otros dos asturianos a los que la Junta de Andalucía y el Gobierno del Principado de Asturias negó la renovación del concierto, respectivamente, por impartir educación diferenciada.

García, cuya plataforma está en continuo contacto con los centros, ha subrayado que la petición de enero sería "la primera opción", agotando la posibilidad de solicitar el convenio en marzo en el caso de una previsible respuesta negativa por parte de la administración andaluza, que ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Lomce.

Frente a esta pretensión de la Junta, los padres recuerdan que la normativa validada, en tanto que ley orgánica "que tienen que acatar", garantiza el régimen de conciertos de forma específica a los centros de educación diferenciada. De esta manera, han asegurado que seguirán "batallando" y, aunque confían en que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte cumpla la ley —lo que deberían hacer en tanto se resuelve el recurso del TC—, señalan que, de no ser así, "seguiremos los trámites que sean necesarios", lo que incluiría el traslado a la jurisdicción judicial contenciosa.

"Ellos siempre han dicho que quitaban el concierto porque estaban obligados de manera legal: ahora deben hacer lo mismo", ha incidido la portavoz de 'Mis padres deciden', que abunda en que, hasta ahora, la ley "no se había pronunciado ni a favor ni en contra, y ahora creemos que el caso se ganaría judicialmente".

Los centros andaluces implicados son Campomar de Aguadulce (Almería), Torrealba de Almodóvar del Río (Córdoba), Zalima de Córdoba, Yucatal de Posadas (Córdoba), El Soto de Chauchina (Granada), Nuestra Señora de Lourdes de Carmona (Sevilla), Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair de Sevilla capital, Elcható de Brenes (Sevilla) y el Molino Azul de Lora del Río (Sevilla).