La Diputación de Badajoz ha aprobado una primera fase del Plan de Obras, Empleo y Servicios correspondiente al 2014 de 7,9 millones de euros para los municipios de la provincia, los otros 12 millones incluidos en este plan se verán en el pleno de la institución provincial del próximo mes de febrero.

El pleno no ha podido aprobar este lunes la totalidad del plan, dotado de 18 millones, porque la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada el pasado 30 de diciembre, ha obligado a modificar las propuestas de los municipios para adaptarlas a la nueva normativa.

Así, de los 7.913.493 euros de inversión de esta primera fase, 5.546.569 euros se destinarán al Plan de Obras y Equipamientos, mientras que al Plan Especial de Empleo van 1.101.033 euros y otros 1.265.889 euros al Plan Especial de Servicios.

El diputado delegado del Área de Fomento, José Luis Quintana, ha explicado que como consecuencia de la entrada en vigor de esta ley, las diputaciones "deben contribuir, más si cabe, con los municipios para la adecuada prestación de servicios mínimos municipales".

Además, según ha recordado, los ayuntamiento han sufrido una amplia restricción de competencias respecto a la legislación anterior, por ello deben adaptar sus propuestas "para que sean viables" y puedan recibir subvención.

Algunos municipios de la provincia han dejado de tener competencias en sanidad, educación o servicios sociales, por lo que no se les puede destinar dinero para atender estas competencias, lo que ha obligado a Intervención de la diputación a hacer una nueva distribución el dinero por capítulos.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés, ha recordado durante su intervención que "no se podía entrar en contradicción con la ley", por ello el resto del dinero incluido en estos planes se llevará para su aprobación al pleno de febrero, en el que también se procederá a la modificación presupuestaria de la totalidad del plan, "tanto de la fase aprobada ahora como la que queda aún por aprobar".

Pide al arzobispado los archivos parroquiales

Además, el pleno provincial también ha acordado pedir al Arzobispado de la Diócesis Mérida-Badajoz que devuelva los archivos parroquiales a los municipios de la provincia o los digitalice y proporcione una copia a todas las parroquias para que tengan acceso a ellos todos los pueblos.

En este sentido, el pleno ha aprobado, con la abstención del PP, una moción del Grupo Socialista que se hace eco del malestar de más de una decena de asociaciones y sociedades dedicadas a actividades de carácter historiográfico en Exremadura por el traslado de los archivos parroquiales al Archivo Diocesano de Badajoz.

Estas asociaciones, que representan entre todas a mil asociados, han remitido a la institución provincial un comunicado en el que se quejan de esta decisión del arzobispado, al considerar que "ha dañado irremisiblemente" la labor de los investigadores locales y "se ha despreciado" el ofrecimiento que se ha hecho por parte de sociedades y particulares para digitalizar "a su costa" los archivos.

Aunque las sociedades firmantes consideran "plausible" el proyecto de concentración de archivos parroquiales en Badajoz, también reconocen que estos constituyen "una parte esencial" del patrimonio histórico y también de la historia de las poblaciones en las que se han custodiado, además de ser una herramienta imprescindible para las investigaciones históricas.

El portavoz del Grupo Socialista, Ramón Ropero, ha explicado que existe un compromiso del PSOE con estas asociaciones para trasladar esta petición al arzobispado, ya que a los costes de la certificación se añaden ahora los gastos por el envío de los documentos que solicitan desde los pueblos los investigadores.

El portavoz del Grupo Popular, José Manuel Sánchez, que ha asegurado comprender la preocupación que hay en los municipios por conservar los archivos, ha recordado que son archivos "de propiedad privada" y que se ha tomado esta decisión buscando las mejores condiciones de conservación y seguridad.

José Manuel Sánchez ha explicado que su grupo se abstiene y esperará las decisiones que sobre este tema se adopten en la Comisión Mixta sobre Patrimonio, integrada la Consejería de Cultura y el Arzobispado, a lo que el presidente de la diputación le ha recordado que la Ley de Patrimonio dice que estos archivos "no son exclusivos de los particulares y deben compartirse".

Valentín Cortés espera, según ha manifestado, que la consejería de Cultura "no deje desamparada a una parte de la población que considera que eso es suyo", ya que la investigación de la historia de la región "va a quedar muy paralizada", puesto que una fotocopia llega a costar "más de 20 euros por los gastos de correo".

Por ello, la institución provincial busca, en su opinión, soluciones, como microfilmar los documentos, "para que ese valor patrimonial puedan también manejarlo los municipios con la Iglesia", ha subrayado.

Funcionarios en el oar

Otro de los asuntos que ha acordado el pleno provincial, con los votos en contra del PP, ha sido la modificación de la plantilla del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) para que todas las personas adscritas a este organismo sean funcionarias, ya que la legislación obliga a que las funciones tributarias sean desempeñadas por funcionarios.

El portavoz socialista ha propuesto que se convoquen las plazas y las ocupen provisionalmente las personas adscritas a esta plantilla, con lo que el PP ha discrepado "en la forma", por lo que ha votado en contra.

Entre otros asuntos se han aprobado dos convenios de colaboración, uno con la Diputación de Sevilla, para el intercambio de información, experiencias y proyectos para la e-administración y otro para el desarrollo del protocolo de ahorro y eficiencia energética y energías alternativas en municipios de la provincia.