Las mujeres del BNG han entregado este lunes en el registro de la Xunta una caja con un velo negro y una carta dirigida al presidente del Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en la que le piden que "ponga fin a la hipocresía" y a sus declaraciones "demagógicas" al respecto de la reforma de la ley del aborto y reclame a los diputados gallegos del PP, como jefe de filas en Galicia, que "voten en contra" de la ley promovida por Alberto Ruiz Gallardón.

"Hubo un tiempo en que las mujeres teníamos que llevar un velo, o cubrir la cabeza con un pañuelo como símbolo de sumisión. En pleno siglo XXI, el Partido Popular pretende imponernos de nuevo ese velo", denuncian las mujeres del Bloque, como así lo ha expresado en declaraciones a los medios Ana Pontón, quien critica este símbolo de "opresión" que vincula con la reforma con la ley del aborto, una "involución" para los derechos de las mujeres y que "agrede la salud" de este colectivo.

Las nacionalistas lamentan que el PP "quiere regresar a tiempos pasados" en los que las mujeres "carecían de derechos" y necesitaban, precisamente, "la autorización de un hombre para tomar cualquier decisión".

Las nacionalistas, encabezadas por la diputada Ana Pontón, y que también tuvo el apoyo de hombres como el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Santiago, Rubén Cela, critican en la carta entregada que el borrador de la ley "elimina el derecho al aborto y lamina el derecho a decidir" sobre su propio cuerpo a las mujeres, por lo que demandan, en "coherencia" con las declaraciones de que le no le gustaría que las mujeres de su país fuesen a abortar a Portugal, que inste a los diputados gallegos en el Congreso "a votar en contra de esta ley".

Sobre sus palabras acerca del consenso, las mujeres del Bloque señalan que no quieren "parches, ni regresar al pasado en el que, para justificar un embarazo no deseado, había que simular una dolencia o incapacidad". "Para nosotras, el único consenso posible es que se atienda a las demandas de la inmensa mayoría de las mujeres que exigimos que se respete nuestro derecho a decidir, sin tutela alguna de médicos, jueces, padres, madres o el propio Estado", apuntan.

Asimismo, y como explicó en declaraciones a los medios la parlamentaria, para ponerle "fin a la hipocresía reinante" en el seno del Gobierno gallego, las nacionalistas piden que "si realmente cree en sus propias palabras, la Xunta debe dejar de financiar organizaciones de carácter religioso, como la Red Madre", impulsada por una ley aprobada en el Parlamento de Galicia, y "derogar" la normativa que la ampara.

Refuerzo servicios y jóvenes

Del mismo modo, reclaman "reforzar los servicios públicos y crear empleo digno, porque eso es lo que realmente precisa una mujer cuando quiere tomar la libre decisión de ser madre".

También demandan a la Xunta que "garantice" el presupuesto necesario para los centros de educación afectivo-sexual, que están "cerrados o ahogados económicamente", y exigen que "dejen de atender los dictados de la conferencia episcopal, que representa una minoría sectaria, integrista y reaccionaria que pretende regresar al pasado y atienda las demandas del conjunto de la sociedad y, en concreto, de las mujeres".

Por su parte, Laura Arjonilla, de la asamblea de mujeres de Galiza Nova, ha puesto el acento en que "esta ley va a afectar especialmente a las mujeres más jóvenes" y a someterlas a un "tutelaje" de sus padres y también de médicos y jueces.

"Igual que una mujer de 16 años puede ser responsable penalmente, o puede decidir tener un hijo libremente sin que nadie tenga que darle su consentimiento, también entendemos que tiene que tener autonomía para interrumpir un embarazo no deseado", ha manifestado.

Laura Arjonilla advierte que "no hay un interés en educar" y formativo para las mujeres, que es "lo fundamental para prevenir los embarazos no deseados", y lamenta que la ley sea "sólo represiva" y que "fundamentalmente va a vulnerar los derechos de las más jóvenes".

El BNG, que extenderá esta campaña a todo el movimiento y tejido feminista, llama a toda la sociedad a que "se sume" ante una ley que "no es que retrotraiga al año 85, sino al franquismo", sentenció Pontón.