El portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Administración de Doñana, Juan Romero, ha precisado a Europa Press que la posición del colectivo es en este sentido "rotunda y radical" en cuanto a la necesidad de recuperación del cauce fluvial, de las marismas y las llanuras mareales. En resumen, "retomarlo como ecosistema", y no "confundir la realidad con deseos".

Al respecto, Romero ha recordado que si existe algún tipo de afección al Guadalquivir éste, como parte de la Red Natura 2.000, es "lugar de interés comunitario", lo que ha supuesto incluso el pronunciamiento de la Unesco, "que cuando supervisó las condiciones de Doñana ya indicó que el dragado le preocupaba bastante".

Y es que, ha recordado, la Comisión Científica, que en su momento se pronunció sobre la necesidad de garantizar la recuperación del estuario antes de acometer una acción de estas características, y el Consejo de Participación de Doñana "no se han movido de su postura".

"No es que se le causara un perjuicio, es que sería la muerte del río, que ya no sería un ecosistema sino un canal por donde circulan una serie de barcos, sin funcionalidad como entorno que mantiene a la mayoría de las pesquerías del puerto gaditano y a sectores agrícolas como el arrozal", ha expuesto el portavoz de Ecologistas.

La junta estudia el proyecto

El proyecto se encuentra a expensas de que las administraciones den su visto bueno. En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ya estudia el proyecto de protección de márgenes, dado que éste era uno de los puntos pendientes aludidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la hora de declarar como viable la vigente Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

En una entrevista concedida a Europa Press, la consejera del ramo, María Jesús Serrano, señaló, frente a las peticiones de implicación directa de colectivos ecologistas y de algunas formaciones políticas —una proposición no de ley aprobada en el Parlamento insta a la participación explícita de la Junta a la hora de evitar que el dragado se acometa sin los condicionantes científicos establecidos—, que puede afirmar "con contundencia" que "no se autorizará nada que ponga en peligro el estuario del Guadalquivir".

La titular autonómica de Medio Ambiente expuso también que "si luego se precisa más documentación, o se establecen más condiciones porque no se cumple con lo que la normativa medioambiental o el comité de expertos requiere, pues habrá que pedirla", bajo la premisa de no permitir una acción que suponga la salinización de los cultivos de arroz de la zona.

Serrano recordó que el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, "ya ha manifestado que no iba a pasar a la historia como el ministro que permitió que se salinizaran los cultivos del entorno, por lo que se ve que también es consciente de la complejidad del proyecto y de las consecuencias que éste puede tener". La Consejería, finalizaba, debe autorizar "algo que medioambientalmente garantice que no hay peligro para el estuario del Guadalquivir".