Esta petición se produce una semana después de que Ramona Maneiro confesara en un programa de televisión que ella le había acercado el cianuro a Sampedro. El fiscal quiere conocer el grado de implicación de Maneiro y si colaboraron con ella otras personas, además quiere comprobar si el delito ha prescrito. En junio de 1998, 13.000 simpatizantes de la Asociación Derecho a Vivir Dignamente se autoinculparon de aquella muerte.