El consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, ha asegurado que, "con o sin ley" autonómica, la práctica del fracking será "muy difícil" o "casi imposible" por la "exigente" legislación urbanística y medioambiental que posee la comunidad.

En una rueda de prensa, Fernández ha realizado esta afirmación tras conocer que el Consejo de Ministros ha aprobado la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cantabria que regula la prohibición de fractura hidráulica (fracking) como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

El consejero ha insistido en que el Ejecutivo tiene "argumentos suficientes" para asegurar que el fracking es "inviable" en la región y que comienzan por el hecho de que la fractura hidráulica sólo se puede llevar a cabo en suelos de especial protección minera que en Cantabria sólo suponen el 5% del territorio y, además, ya está ocupado en su totalidad por diferentes actividades.

Por tanto, las empresas que quisieran realizar fractura hidráulica en el suelo de Cantabria tendrían que lograr cambios en la calificación del suelo, una decisión que está en manos de los ayuntamientos a quienes este método de extracción de gas no convencional tiene "radicalmente en frente", al igual que al Ejecutivo y a la sociedad cántabra.

No obstante, el Gobierno regional "ha declarado la guerra al fracking" y, aunque considera que su legislación es lo suficientemente "exigente" como para que ningún proyecto de fracking sea "compatible" con ella, promoverá si es necesario nuevas normas para "endurecer" las legislaciones medioambiental, urbanística y sanitaria de su competencia para dejar "muy claro" a las empresas energéticas que "no queremos fracking en Cantabria".

"El fracking en Cantabria ha nacido prácticamente muerto", ha opinado Fernández, que ha considerado que, si "con el Gobierno y los ayuntamientos en contra es casi imposible" que se pueda utilizar esta técnica en la región, "con la sociedad en contra es absolutamente imposible".

Además, el titular de Medio Ambiente ha afirmado que la oposición al fracking "no es una cuestión de partido sino que es una cuestión de región" y, por ello, las empresas "nunca podrán dar un paso consistente en la realización de fractura hidráulica" aunque lo sigan intentando, unas intenciones contra las que Cantabria, ha dicho, "extremará todos los controles" de protección del suelo, el paisaje y los acuíferos.

Por ello, Fernández ha mandado un "mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos cántabros porque, ha dicho, "el fracking, si quieren hacerlo, será cumpliendo a rajatabla todos los requisitos legales y hoy por hoy es imposible cumplirlos".

"batalla legal" con el estado

El Gobierno de Cantabria se encuentra así en una "batalla legal" con el Estado, en la que la comunidad defiende "hasta las últimas consecuencias" la "constitucionalidad" de la ley que prohíbe el fracking y considera que es "compatible" con la Ley de Hidrocarburos mientras que el Ejecutivo central cree que vulnera sus competencias.

La ley autonómica se ha debatido durante meses en el marco de una comisión bilateral entre las dos administraciones, en la que ambas han mantenido "posiciones enfrentadas" debido a sus "diferencias de criterio" respecto al uso de esta técnica de extracción de gas no convencional.

Por ello, el anuncio de la aprobación de la interposición del recurso de inconstitucional "era esperado" por el Ejecutivo regional, ha asegurado Fernández, que ha detallado que el Estado recurre la "totalidad de la ley", sus tres artículos y su disposición adicional.

Una vez que el Gobierno central interponga el recurso, la Ley cántabra se suspenderá de forma automática, aunque el Tribunal Constitucional (TC) tiene un plazo de cinco meses para decidir si es necesario o no suspenderla hasta que dicte sentencia, lo que puede tardar "uno o dos años" como mínimo.

Para tomar la decisión, el TC valorará el posible perjuicio a la comunidad por permitir el fracking durante el tiempo que tarde en dictar sentencia sobre la supuesta inconstitucionalidad y, por otro, el posible daño a la política energética del Estado, ha explicado el consejero.

Cantabria pedirá al Tribunal que no suspenda la ley hasta que se dicte sentencia, algo en lo que el Gobierno regional tiene "esperanzas", al igual que en que "al final" le "dé la razón" y la región pueda seguir contando con la Ley que prohíbe el fracking.

En la comunidad, primera que aprobó una ley de prohibición de esta técnica y a la que siguieron La Rioja y Navarra, hay un total de seis permisos concedidos, cinco del Gobierno del Estado y uno del regional. Éste último, denominado 'Arquetu', es objeto de un recurso y, por tanto, está suspendido, ha recordado Fernández.