Cantabria fue la primera comunidad autónoma del país en prohibir el fracking en su territorio a través de una ley propuesta por el Gobierno del PP y aprobada por unanimidad por el Parlamento regional en abril de 2013, que ahora, nueve meses después, va a ser recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional por "vulnerar" la Ley de Hidrocarburos.

El ejemplo de Cantabria fue seguido después por otras regiones como La Rioja y Navarra.

Al cabo de unos meses, el Estado y la Comunidad Autónoma acordaron crear una comisión bilateral, un foro de negociación para "resolver las discrepancias" existentes entre las dos administraciones en torno a la ley del fracking.

A falta de escasos días para que concluyera el plazo para la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado, el Gobierno de Cantabria confirmó esta semana que las negociaciones en el seno de la comisión bilateral se habían cerrado sin acuerdo. Y el presidente regional y líder del PP, Ignacio Diego, mostró "tranquilidad" ante el posible recurso que este viernes se ha confirmado.

También esta semana, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica en Cantabria advirtió que el recurso de inconstitucionalidad acarrearía la suspensión automática de la ley que prohíbe el fracking en Cantabria, con lo que empresas como Gas Natural Fenosa encontrarían "vía libre" para los dos sondeos que ha solicitado en Valderredible en el marco del permiso 'Bigüenzo', que se encuentran en proceso de evaluación de impacto ambiental.

Seis permisos concedidos y uno solicitado

En Cantabria hay en la actualidad seis permisos de fracking concedidos, todos ellos por el Ministerio de Industria salvo el denominado 'Arquetu', que afecta a nueve municipios de los valles de Saja y Nansa y fue aprobado por el Gobierno regional (PRC-PSOE) en 2011, al término de la pasada legislatura.

Este permiso, que se encuentra suspendido, afecta a un área de cerca de 25.000 hectáreas perteneciente a los ayuntamientos de San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos.

El resto de permisos concedidos en Cantabria (Luena, Bezana, Bigüenzo, Angosto-1 y Usapal) son competencia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y afectan también a otras provincias vecinas.

El departamento de Soria tiene además sobre la mesa la solicitud de la empresa Montero Energy para el permiso de investigación de hidrocarburos Galileo, que ocupa más de 70.000 hectáreas en las cuentas del Asón y el Agüera, afectando a los municipios de Laredo, Castro Urdiales, Beranga, Ramales, Ampuero y Voto, además de Colindres.

El permiso de investigación de hidrocarburos Bezana ocupa una superficie de 87.780 hectáreas en Campoo. El permiso Luena, con una superficie de 74.628 hectáreas ubicada entre Cantabria y Burgos, afecta a los municipios de Anievas, Arenas de Iguña, Corvera de Toranzo, Luena, Molledo, San Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santiurde de Toranzo, Selaya, Vega de Pas, Villacarriedo y Villafufre.

El permiso Bigüenzo, con 91.654 hectáreas, se localiza en Valderredible y Valdeprado del Río, en el extremo sur de Cantabria. También afectan a Cantabria los permisos de investigación de hidrocarburos USAPAL, en el Valle de Villaverde, y Angosto-1, en la parte alta de Soba.