La Asociación de Empresa de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (Ametic), la patronal que agrupa a los operadores y fabricantes tecnológicos, ha advertido este viernes al Govern de que si aplica la tasa por conexión a internet en Cataluña las empresas afectadas "iniciarán acciones legales" en el ámbito autonómico, nacional y europeo con el fin de anularla.

Ametic, con sede en Madrid, ha reaccionado así, en un comunicado, al anuncio del Gobierno catalán de cobrar 0,25 euros al mes, un total de tres euros al año, a las operadoras de internet por cada conexión contratada en el territorio catalán, con el fin de fomentar la producción y mejorar el sector audiovisual catalán.

Las operadoras consideran que este impuesto es "injusto y arbitrario", y por ello muestran su "oposición frontal" a una tasa que, según Ametic, les obligará a asumir "unos costes innecesarios que nada tienen que ver con la prestación de servicios en condiciones económicas rentables".

El conseller catalán de Cultura, Ferran Mascarell, ha explicado que se trata de un nuevo tributo, denominado impuesto a los operadores proveedores de contenidos por internet para el fomento del sector audiovisual, con el que se espera recaudar cada año unos 20,5 millones de euros, y que podría estar aprobado antes del verano.

"No debe olvidarse que la imposición fiscal en el mercado de las comunicaciones electrónicas es la más elevada de todos los sectores económicos", destaca Ametic, que asegura se trata de un sector "acorralado a impuestos". La tasa por operador, por numeración, por utilización del espectro radioeléctrico, las tasas locales por utilización del dominio público, las tasas para financiar RTVE o bien la incluida en la ley audiovisual son algunos ejemplos de la carga fiscal que denuncian las operadoras.

"Continuar incrementando cargas en el sector puede conducir a desincentivar la inversión para el despliegue de las nuevas redes fijas y móviles de alta capacidad, unas infraestructuras imprescindibles para contribuir a que España forme parte del nuevo ecosistema digital", advierte la patronal.

Además, entiende que decisiones como las de la Generalitat "son contrarias al espíritu" del proyecto de la Ley general de telecomunicaciones. "Este tipo de propuestas son contrarias a la unidad de mercado y a la simplificación administrativa que inspira esta norma. Y por supuesto, en ningún caso fomenta la inversión facilitando el despliegue de redes de nueva generación", añade la nota.