El Juzgado de lo Social nº 1 de Santander ha anulado la reducción salarial del cinco por ciento que la Sociedad Regional de Turismo ha venido aplicando a su personal laboral desde 2010 como consecuencia de un acuerdo del anterior Gobierno (PRC-PSOE), y condena a la empresa pública a devolver a los trabajadores las cantidades detraídas por ese concepto desde el 1 de junio de 2010 hasta la fecha de la sentencia (17 de enero), "con las actualizaciones convenientemente pactadas".

El fallo, recogido por Europa Press, se produce como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 19 de diciembre que estimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por este juzgado de lo social de Santander, tras las demandas por conflicto colectivo presentadas por los sindicatos CCOO y SIEP, y anuló la reducción del cinco por ciento que el Gobierno de Cantabria aprobó en 2010 para los trabajadores de las empresas públicas, en sintonía con la reducción que el Gobierno central decretó para los funcionarios y personal laboral de las administraciones públicas.

Con el fallo del Constitucional sobre la mesa, el Juzgado de lo Social retoma las demandas por conflicto colectivo de CCOO y SIEP contra la Sociedad Regional de Turismo y las estima, reconociendo el derecho de los 37 trabajadores con que contaba la empresa pública a finales de 2010 a recuperar ese cinco por ciento. Esta sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El sindicato SIEP ha pedido al Gobierno de Cantabria que "asuma el mandato judicial, cumpla las sentencias, abone las retribuciones a los trabajadores y no recurra, evitando costos adicionales y una utilización perversa -dice- de los recursos judiciales".

Al mismo tiempo, el sindicato ha solicitado a los juzgados de lo social que dicten sentencia en relación con los conflictos colectivos suspendidos sobre esta reducción salarial del cinco por ciento en el resto de las empresas públicas.

Según CCOO, la sentencia del TC que anula la reducción del cinco por ciento del salario del personal laboral no directivo de las empresas públicas afecta a unos 2.600 trabajadores, de los que 1.800 continúan en activo en las mismas, y tendría una cuantía "de millones" de euros.

Este sindicato también ha pedido que se "reactiven" las demandas de conflicto colectivo paralizadas, al entender que la sentencia del TC será de aplicación no sólo en la Sociedad Regional de Turismo sino en todas las empresas públicas, al decretar la nulidad de una norma básica.