María vivía en Pamplona, en un piso en régimen de VPO con parte del alquiler subvencionado. Hasta este jueves, cuando una comisión de desahucio llamó a su puerta para que ella y su hijo Carlos, de ocho años y con síndrome de Down, abandonaran la vivienda sin remisión.

Según explican fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ansoáin, María, que está separada, se vio en aprietos cuando perdió el empleo y no pudo seguir pagando el alquiler ni encontrar otro trabajo por las necesidades especiales de su hijo. María empezó a cobrar entonces 645 euros de renta básica con los que tenía que hacer frente al pago del alquiler, de 475 euros, y al resto de pagos como los de manutención.

El resultado fue que María comenzó a retrasarse en el pago de cuotas del alquiler, cuyo acreedor es la empresa Errotabidea (antigua Cogremasa) y que según aseguran desde la PAH, comenzó por el retraso en el cobro de la ayuda de renta básica. Además de acumularse los pagos María cumplió con el alquiler de su contrato en la casa, por lo que intentó negociar una ampliación del mismo, cosa a la que la empresa se negó.

Para entrar en el piso María había tenido que depositar un aval de 6.000 euros (que le prestó su padre), por lo que se ofreció a que los importes pendientes fueran descontados de ese aval. Según la versión de María, la empresa se negó. Fue entonces cuando la mujer recurrió a la PAH para que la asistiera en la negociación, cosa que según María fue interpretada como un ataque por la empresa, que a partir de ese momento se habría negado a recibirla o a negociar.

Este jueves María y el pequeño Carlos estaban a punto de salir hacia el colegio cuando la comisión de desahucio se presentó en su casa. "El niño se asustó mucho y comenzó a llamar a su padre. Les pedí que por favor no entraran en la vivienda, pero sólo me dio tiempo a coger tres bolsas con ropa de mi hijo", rememora María entre llanto. María no sabía que acudirían ese día, porque la notificación llegó en su ausencia y aunque tenía el recibo de Correos, todavía no había ido a recogerlo.

Ahora "Carlitos" está pasando unos días en casa de su padre, mientras que María se aloja con una vecina y amiga. "Para el niño es muy duro, porque para un niño con síndrome de Down es muy difícil adaptarse a círculos nuevos, lejos de su cole, su casa...", explica María, que cuenta que Carlos habla con ella por teléfono y le pregunta si está bien.

"Me llama y me pregunta, pero sabe que pasa algo. Yo le digo que estoy bien y que no se preocupe", dice María, que tomó la decisión de que fuera a vivir con su padre porque "diez minutos después de la comisión de desahucio llegaron dos personas de los servicios sociales del Ayuntamiento para llevarse a Carlos", se lamenta.

"He recibido llamadas de gente maravillosa, de vecinos y de amigos ofreciéndome ayuda y una habitación para quedarme, pero el Ayuntamiento lo único que me ofrece es un bono de una semana para quedarme en una pensión", asegura. María acusa además al gerente de la empresa de tener una inquina personal contra ella: "me dijo que no me engañe, que no puedo vivir sola, que me iba a echar sí o sí. Él ha juzgado mi vida", dice María.

Las fuentes de la PAH consultadas aseguran que detrás de todo este asunto está el interés de la empresa por hacer negocios y obtener beneficios. "No les importó lo del niño. Tuvimos un caso hace poco con una mujer víctima de la violencia de género y también les dio igual. Ganan dinero echando a la gente", critican.

La versión de Errotabidea es radicalmente diferente. En un comunicado enviado por la empresa tras ser requerida su versión por parte de 20minutos, sus responsables aseguran que teniendo María una primera fecha de lanzamiento (desahucio) el 22 de mayo de 2013 y "por las circunstancias personales que rodean a la inquilina" se llegó al acuerdo de asumir la deuda pendiente del alquiler (en total 13 recibos) entre el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra, la propia empresa y la inquilina, que pagaría tres meses, hasta la finalización del contrato de alquiler, el 13 de agosto de ese año.

Según el comunicado de la empresa, María aceptó esos términos, pero "unos días antes del vencimiento del contrato, se presenta la inquilina en las oficinas de Errotabidea con una 'Coordinadora antidesahucios' y dice que no está de acuerdo con nada de lo pactado y exige se le haga un nuevo contrato por al menos 1 año".

"Le decimos que como última opción le hacemos un contrato hasta diciembre del 2013 a fin de que utilice ese plazo para buscar otra vivienda y para ver si regulariza su situación, cosa que sinceramente vemos imposible debido a sus circunstancias personales. Por desgracia el tiempo nos ha dado la razón", escriben desde Errotabidea, que finalmente decidió seguir adelante con el desahucio.

Sin embargo, la empresa prefiere no emplear ese término: "No estamos bajo ningún concepto en un caso de desahucio; lo que se está haciendo es no renovar un contrato de alquiler vencido y con una deuda de 17 recibos más sus correspondientes gastos judiciales", aseguran.

En las conclusiones del comunicado, Errotabidea valora las capacidades de María: "Es evidente que no tiene en estos momentos capacidad económica para poder vivir de forma independiente. En el futuro y si sus circunstancias cambian, podrá vivir de forma independiente, pero ahora no puede, y el intentarlo solo le va a complicar su situación personal y financiera".

"Como empresa no podemos hacer más de lo que se ha hecho. Gracias a las rentas que se cobran, podemos pagar a nuestros trabajadores y atender las deudas que tenemos con las Entidades Financieras. Una empresa privada no puede solucionar un problema social de este tipo", se justifican desde la empresa.

María, mientras, no sabe qué pasará en el futuro. Por el momento, está a la espera de comenzar de nuevo a cobrar la renta básica (se acabó la primera concesión, pero se la han vuelto a conceder) que llegará dentro de un mes. "Saldré adelante, aunque ahora estoy destruída, porque no es solo una vivienda, es todo lo que conlleva para la estabilidad de mi hijo", concluye.