Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) presentará una moción al Pleno para que el Ayuntamiento elabore un plan de vivienda y también para que aplique los mecanismos jurídicos necesarios para poner viviendas desocupadas propiedad de bancos y grandes empresas al servicio de las necesidades de la población, en especial de las personas en situación de pobreza.

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz de ACPT, Iván Martínez, que ha presentación la moción en rueda de prensa, con la que este grupo pretende que el Ayuntamiento de Torrelavega manifieste su compromiso de poner en marcha medidas municipales garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la "emergencia habitacional".

Martínez ha explicado que en la moción se pide al Consistorio que elabore y apruebe un Plan Municipal de Vivienda que contemple y regule las medidas de fomento para evitar la desocupación permanente e injustificada de viviendas.

Igualmente, la moción insta a elaborar y aprobar programas de inspección con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentran en situación de permanente desocupación, empezando por los que son de entidades financieras y otras grandes empresas. Esta tarea, ha concretado el portavoz de ACPT, se puede hacer a través del cruce de datos en disposición de la Administración y el otorgamiento de audiencia al interesado/a, o bien realizando una inspección física desde la Administración.

También se pretenden instruir procedimientos administrativos donde se determinen, se conozcan o comprueben los hechos, una vez detectada la desocupación. Estos procedimientos tendrán que finalizar con una resolución que declare si se está produciendo una situación de desocupación permanente constitutiva de una utilización anómala de la vivienda.

En caso afirmativo, defiende ACPT, se tendrá que requerir al propietario que cese en su actuación en un plazo concreto, informando de las actividades de fomento que está llevando a cabo la Administración para facilitarle la finalización de esta situación.

La formación también apuesta por imponer hasta tres multas coercitivas que puedan llegar a los 100.000 euros, previa advertencia de si transcurrido el plazo fijado no se ha producido la ocupación del inmueble. Y por iniciar un procedimiento sancionador por infracción muy grave en caso de que se mantenga la desocupación de la vivienda una vez agotado el plazo otorgado para corregir la situación.

Finalmente, ha insta al Gobierno de Cantabria a emprender acciones en este ámbito con la misma finalidad.