La Junta de Andalucía ha reclamado la devolución de otras dos subvenciones concedidas a UGT-A, por importe de 1,8 millones de euros, correspondientes a los programas Orienta de 2009 y 2010.

De esta forma, las cantidades que ya ha requerido al sindicato hasta el momento ascienden a 3,6 millones de euros.

El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ha solicitado su comparecencia a petición propia en el Parlamento de Andalucía para dar cuenta de la situación de los procedimientos.

Hasta el momento, desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se han iniciado y tramitado 19 expedientes de revisión de subvenciones otorgadas a UGT, de los que cuatro tienen el procedimiento de reintegro de subvenciones iniciado y quince se encuentran en distintas fases de tramitación.

En todos los casos, la actuación de la Administración autonómica se producirá conforme al criterio que determine el Gabinete Jurídico.

Del total de expedientes, nueve procedimientos se mantienen abiertos en la Dirección General de Relaciones Laborales y en dos de ellos, con fecha 13 de enero de 2014, se inició el procedimiento de reintegro de subvenciones concedidas al sindicato por una suma total de 1,8 millones de euros, vinculadas a programas de información y asesoramiento sobre actividad sindical y negociación colectiva.

Dichos expedientes se encuentran en fase de alegaciones, mientras que los otros siete expedientes de esta dirección general están en distintas fases de tramitación. Como en los casos anteriores, la Junta actuará conforme al criterio que determine el Gabinete Jurídico.

Además, en la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral se han abierto otros seis procedimientos vinculados al desarrollo de actividades divulgativas y de sensibilización en materia de prevención de Riesgos Laborales, al tiempo que existe otro expediente (de 2012) en el que la entidad beneficiaria ha renunciado al cobro de la subvención.

Por su parte, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se han iniciado cuatro procedimientos que afectan a las competencias que ahora recaen en la Dirección General de Políticas Activas de Empleo, área en la que se han iniciado los expedientes de reintegro de los programas Orienta 2009 y 2010 por un máximo de otros 1,8 millones de euros.

Por otra parte, la diseñadora Juana Martín recibió 850.000 euros de Invercaria sin seguir los procedimientos y por decisión "unilateral" del presidente de la empresa pública andaluza, Tomás Pérez Sauquillo, cuya esposa fue invitada además a un viaje a Marruecos sin tener relación con el sector.

El grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía, en un informe entregado al juez que investiga las inversiones de Invercaria, apunta que las ayudas de esa empresa de capital riesgo a la modista comenzaron en 2006 a iniciativa del entonces consejero de Economía, Francisco Vallejo, quien "habría favorecido el acceso de Juana Martín a las ayudas públicas de la Junta".

Las ayudas se encuentran impagadas en su totalidad a día de hoy, dice la Policía, quien aprecia en el proceso "diversas irregularidades e incumplimientos que podrían ser constitutivos de ilícitos penales".

Entre otros, recoge que se le concedió un préstamo de 120.000 euros antes de que la sociedad fuese constituida y por "decisión unilateral" de su entonces presidente, Tomás Pérez Sauquillo.

También mantiene que Invercaria pagó el viaje a Marruecos de seis personas, entre ellas la esposa de Pérez Sauquillo y otras que eran "aparentemente ajenas de forma oficial al proyecto", en una iniciativa de la que "ninguna noticia oficial se tenía en el expediente hasta la declaración de la propia Juana Martín".

Entre otras irregularidades, la Policía dice que existía una "confusión de operaciones bancarias para afrontar gastos diversos de las personas físicas y jurídicas" del entorno de la diseñadora y que "los ingresos procedentes de la actividad desarrollada no permiten sufragar la totalidad de los gastos detectados".

La Policía cree que la aportación dineraria de Invercaria al proyecto de la modista le permitió participar en "grandes eventos de moda con gran proyección mediática" y le facilitó un "apoyo institucional incondicional".

Igualmente afirma en su informe que "el fracaso del proyecto conjunto no parece hacer afectado en realidad a la imagen de la persona física, que perdura comercialmente con su proyecto privado y que, sin embargo, sí que se ha aprovechado de la inversión realizada por Invercaria en el proyecto conjunto".

Este es el cuarto de los atestados que llega al juez de instrucción 16 de Sevilla, quien ya ha imputado a una treintena de personas en los sumarios referidos a las inversiones en el proyecto Ferias Virtuales Internacionales de Andalucía (FIVA), Operador Aéreo Andalus y la carpintería metálica jiennense FUMAPA.