El Juzgado de Instrucción número 13 tiene previsto tomar declaración este viernes, a partir de las 09,30 horas y en calidad de imputados, a los miembros de las cinco familias que ocuparon varias de las 220 viviendas protegidas construidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) en los suelos del antiguo barrio de Regiones Devastadas, donde actualmente se alzan estas viviendas públicas conocidas como Nuevo Amate.

Según informaron a Europa Press fuentes del caso, los miembros de estas familias están acusados de un presunto delito de usurpación merced a la denuncia promovida por Emvisesa, titular de las viviendas, ante la ocupación ilegal de las mismas, extremo acontecido la semana pasada. Las familias, como se sabe, abandonaron voluntariamente las viviendas la mañana de este pasado miércoles a cuenta de su agotamiento físico y "emocional".

El asunto está conectado con el proyecto promovido por el Ayuntamiento para regenerar por completo el antiguo barrio de Regiones Devastadas, ubicado en el distrito Cerro Amate y ahora rebautizado como Nuevo Amate. Las antiguas viviendas de protección oficial de este barrio fueron demolidas y en su lugar han sido levantados cinco edificios que contienen un total de 220 nuevas viviendas protegidas, todo ello de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla.

Los inquilinos de las antiguas viviendas protegidas, todos ellos arrendatarios, fueron realojados en viviendas municipales como medida transitoria y a la espera de que las citadas 220 nuevas viviendas estuviesen a su disposición. Una vez listas las nuevas viviendas protegidas, el pasado mes de septiembre sólo 71 de los inquilinos recogieron las llaves de los pisos que les correspondían, porque buena parte de este colectivo de ciudadanos no ha ejercido su derecho a habitar estas viviendas y optan por permanecer en las viviendas de realojo que les fueron asignadas.

Ocupación ilegal

Bajo la premisa de la necesidad de contar con un techo y la ausencia de recursos económicos para tal aspecto, cinco familias accedieron a varias de las viviendas protegidas actualmente desocupadas en esta promoción, pero sin contar con relación contractual alguna con los pisos. Emvisesa, como titular de las viviendas, denunció la usurpación de las mismas e inmediatamente después fue desplegado un cordón policial que ha cosechado diversas críticas a cuenta de sus rigores y restricciones.

Mientras las familias alegan que llevan "toda la vida" reclamando a Emvisesa una VPO, el gobierno municipal del PP esgrime que dos de estas familias ni siquiera habrían tenido contacto con Emvisesa para optar a una vivienda protegida y las tres restantes "se habían interesado por carta" en la posibilidad de solicitar una VPO y "se les contestó" emplazándoles a comenzar el procedimiento administrativo correspondiente a la solicitud de una vivienda protegida, pero no habrían llegado a materializar nada.