El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas en el 'caso Nóos' para que se pronuncien sobre la petición efectuada por el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, de que sea citado a declarar como testigo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tras lo cual el magistrado resolverá al respecto, tal y como pone de manifiesto en una providencia a la que ha tenido acceso este jueves Europa Press.

Sobre ello, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, ha anunciado que también solicitará la comparecencia de Gallardón, tras aseverar, en base al escrito presentado por Torres, cómo la "estrecha" relación y colaboración entre el ministro y el duque de Palma "culminó" con la concesión de una subvención de 144.000 euros de la sociedad pública Madrid 16 a una entidad sucesora del Instituto Nóos, a pesar de que "quedó demostrado que no se hizo ninguna gestión y que el Ayuntamiento justificó esa subvención en un escrito hecho a mano de cuatro folios".

En su escrito, Torres solicitaba asimismo la citación del exministro de Industria José Montilla y del exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, entre otros, para que aclaren su intervención de cara a negociar el convenio por el que Nóos percibió los fondos públicos para preparar la candidatura olímpica de Madrid 2016, sin que en la actualidad haya constancia de los trabajos realizados. La defensa de Torres asevera que Gallardón debería haberse ofrecido a declarar voluntariamente en lugar de "afanarse en desvelos ajenos al proceso", en referencia a sus afirmaciones en torno a la forma como la Infanta Cristina, citada por su parte el próximo 8 de febrero, debe descender la cuesta de los Juzgados de la capital balear.

Los tres inspectores de Hacienda que exculparon de delitos fiscales a la infanta Cristina en los informes que realizaron en el 'caso Nóos' declararán a petición de la Fiscalía ante el juez José Castro este sábado, dos semanas antes de que la propia hija del Rey comparezca como imputada.La infanta, que es directora del área internacional de la Fundación La Caixa, trabaja desde hace unos meses desde Ginebra (Suiza), pero hace unos días viajó a Barcelona para reunirse con sus abogados para preparar su declaración ante el juez que investiga el caso Nóos, que la ha imputado por un delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Este jueves acudió  a su despacho en la sede central de la Fundación de la Obra Social de La Caixa.

El fiscal Pedro Horrach solicitó al juez que tomara declaración a estos inspectores en un duro escrito en el que acusaba a Castro de basar la imputación de doña Cristina en una "teoría conspiratoria" según la cual la Agencia Tributaria había tergiversado su investigación para exonerar a la duquesa de Palma.  El juez accedió y llamó a declarar como peritos a dos funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a partir de las 09.30 horas y también como testigo a una tercera inspectora, que estaba a cargo de la inspección, a partir de las 10.30 horas.  También ha citado a un perito que elaboró un informe encargado por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, en el que argumentaba que doña Cristina sí cometió delito fiscal al defraudar más de 120.000 euros en un año.

Castro y las partes personadas en la causa escucharán así los argumentos técnicos en contra y a favor de la existencia de indicios de delito para imputar a la infanta, una decisión en la que solo Manos Limpias ha respaldado al juez instructor.  Los tres inspectores declararán porque el fiscal considera necesario someter a ratificación, ampliación y contradicción los informes que elaboraron y que han sido cuestionados por el juez Castro en la providencia en la que citó a la infanta a declarar como imputada, aunque en el auto recoge que "la Agencia Tributaria exculpa de toda actividad delictiva a doña Cristina".

El juez Castro, el pasado mes de septiembre, ya desestimó abrir una pieza separada dirigida a investigar el papel que jugó Gallardón, en el convenio por el que la Fundación pública Madrid 16 abonó unos 140.000 euros de forma presuntamente irregular a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), entidad considerada sucesora del Instituto Nóos. En su auto, el magistrado justificaba que hasta entonces no había aparecido en la causa dato alguno "revelador" de que el entonces alcalde de Madrid mantuviera reuniones, directa o mediante alguna persona interpuesta, con Urdangarin o cualquier otro responsable de la FDCIS, u otras actuaciones "tendentes a apartar de los cauces obligados o habituales la concertación del convenio que entre ambas fundaciones acabó suscribiéndose".

Sin embargo, el abogado de Torres apunta en su escrito que "es evidente que existía una relación entre Urdangarin y el actual ministro de Justicia, que venía de tiempo atrás". Una relación que, afirma, se centraba en aspectos "meramente deportivos ajenos a Nóos", como el vinculado a la colaboración del Duque de Palma en la candidatura olímpica de Madrid, mientras que en otras "los contactos sí tenían que ver de modo más directo con Nóos y los proyectos que malintencionadamente se ponen en tela de juicio".

Una consideración que realiza el letrado de Torres al aseverar que, "como no puede ser de otro modo, nada de ilícito hubo y nada de ilícito podían tener ni por asomo de duda mis representados", en alusión a Torres y a su mujer, Ana María Tejeiro, también imputada, y ello "dado el nivel de los intervinientes y el control que sobre todo se ejercía desde las más altas instancias de nuestro país".