El portavoz andalucista del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Alberto Mercado, ha manifestado este jueves su desconfianza ante el papel que juegan los altos funcionarios "gratificados" por el alcalde y número dos del PP andaluz, José Luis Sanz. En el marco de la investigación de la contratación del actual edil de Medio Ambiente, Mercado reclama que la Justicia "intervenga" las cuentas del Consistorio tomareño y las envíe al Tribunal de Cuentas dada la "opacidad" del Gobierno local y la "compra de la complicidad" de los altos funcionarios.

Hablamos de la investigación judicial relativa a la contratación del actual edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tomares, Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato.

Las fuerzas de oposición, en concreto, denunciaban que los informes en cuestión constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009.

Imputados tres ediles del pp

El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la vigente edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese una denuncia solicitando precisamente la imputación de estos tres cargos públicos.

El Ayuntamiento, de su lado, defiende que el contrato en cuestión estaba avalado por los altos funcionarios de la propia Administración local y, a petición de los imputados, el pasado lunes prestaron declaración como testigos ante el Juzgado de Instrucción número ocho tanto el secretario general del Consistorio, como el interventor y el vicesecretario interventor.

Después de que estos altos funcionarios respaldasen supuestamente el contrato en cuestión ante la citada instancia judicial, Alberto Mercado hacía públicos diversos documentos emitidos desde 2010 por la Alcaldía de Tomares resolviendo gratificaciones de hasta 570 euros por persona en favor de varios miembros de su "personal funcionario" entre los que figuran los funcionarios ya señalados. Avisaba, así, de un intento de "comprar la voluntad, dignidad y honestidad" de estos altos funcionarios.

"OPACIDAD"

Ya este jueves, Alberto Mercado ha celebrado una rueda de prensa en la que ha criticado la "nueva estrategia" de "opacidad" desplegada por el Gobierno local de José Luis Sanz. En ese sentido, ha explicado que las fuerzas de oposición no reciben "ni un céntimo de euro desde octubre" para ejercer su labor pese a que ninguno de sus concejales está liberado y que el Ayuntamiento ha omitido la celebración de plenos ordinarios en septiembre y diciembre, manifestando su temor a que tampoco este mes se celebre un pleno ordinario al no haber sido convocadas aún las comisiones informativas previas.

Además, ha mostrado un escrito firmado por el alcalde el pasado 25 de octubre en respuesta a una solicitud de acceso a un expediente de subvención y un informe emitido por el inspector jefe de la Policía Local. En dicho escrito, recogido por Europa Press, el primer edil resuelve la "estimación" de la petición y emplaza al portavoz andalucista para consultar el documento entre las 9 y las 14 horas del 29 de octubre. El documento señala que tras la consulta las "copias" de los expedientes en cuestión podrán ser solicitadas a la Alcaldía pero prohíbe "expresamente el uso de cualquier tipo de dispositivo que sirva para la obtención de copia" al margen del cauce estipulado.

En ese sentido, ha rememorado que el Gobierno local había defendido su "transparencia" esgrimiendo que los concejales de la oposición habían podido "fotografiar" sin problemas diversas facturas cargadas al Ayuntamiento en el marco de una consulta de documentación. Mercado, así, lamenta que "ahora resulte más difícil obtener cualquier tipo de prueba".

La "complicidad" de los funcionarios

Todos estos extremos, así como una solicitud de acceso a expedientes de operaciones con proveedores encuadradas en el periodo 2007/2012 que esperaría respuesta pese a haber sido formulada en octubre, diciembre y enero, prueban a juicio de Mercado la estrategia de "opacidad" del Gobierno local de José Luis Sanz. Dado el caso, y ante las "gratificaciones" otorgadas por el alcalde a los altos funcionarios para "comprar su complicidad y silencio" con "sobresueldos muy bien pagados", Mercado ha reclamado que la "intervención judicial del Ayuntamiento", al objeto de que "el dinero público sea visado por alguien que no haya sido gratificado".

Así, ha pedido la "intervención judicial" de las cuentas del Ayuntamiento, al objeto de que las mismas sean remitidas al Tribunal de Cuentas. "No nos creemos al cien por ciento lo que dicen los gratificados", ha enfatizado antes de lanzar la interrogante que pesa sobre si estos altos funcionarios "están vigilando o no la legalidad de los actos".