El inicio del juicio contra una red que robaba coches de lujo, la conocida como 'Operación Boquerón', ha quedado este miércoles aplazada hasta, previsiblemente, el próximo mes de febrero. Los motivos, la incomparecencia de varios de los citados a declarar y la presencia de uno de los que había sido considerado en paradero desconocido.

El arranque del juicio estaba previsto para las 9,30 horas en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, en Santiago, con el interrogatorio, a propuesta del fiscal, a cuatro de los 13 acusados, Juan Carlos V.G., Youssef A., Omar Z. y Azid H.

No obstante, como han explicado fuentes judiciales, al menos uno de los acusados se ha declarado en rebeldía y no se ha presentado ante el tribunal y otro justificó su inasistencia alegando que no llegaba a tiempo.

Además, se ha producido otro cambio en el calendario, toda vez que uno de los que inicialmente estaba en paradero desconocido ha optado por presentarse en sede judicial, con lo que ahora el fiscal deberá elaborar un nuevo escrito de acusación contra él a la vista del cambio en sus circunstancias.

Así las cosas, los juzgados de Fontiñas han sido el escenario esta mañana de distintas reuniones entre varios de los abogados con la Fiscalía, al objeto de consensuar escritos de conformidad, esto es, acuerdos de colaboración con la Justicia a cambio de ciertos beneficios.

Operación boquerón

Los procesados de la denominada 'Operación Boquerón' están acusados de delitos de asociación ilícita, robo con fuerza, falsificación de documentos, hurto y receptación, entre otros. En el marco de esta causa están citados a declarar unos 200 testigos y hay 32 personas acusadas.

En su escrito de calificación, recogido por Europa Press, el fiscal jefe de Santiago, Mario Piñeiro, sostiene que los acusados "forman parte de una organización criminal cuyo modus operandi habitual consiste en sustraer los vehículos, habitualmente en concesionarios y talleres, utilizando para circular con ellos placas sustraídas de otros vehículos o placas extranjeras".

Como fase intermedia, en sus operaciones los ocultan en localidades próximas a poblaciones con puertos (habitualmente Sevilla, Algeciras, Vigo y otros), desde donde posteriormente, según el relato de Fiscalía, "los embarcan en contenedores hacia su destino final, tras modificar los números de bastidor y documentarlos con placas y autorizaciones falsificadas".

Estos delitos "son cometidos de forma habitual en los mismos concesionarios o talleres de reparación propios de cada marca", según considera el fiscal, aprovechando que estos vehículos están acabados de reparar, matricular o se han traído a revisar; motivo por el cual las llaves de los mismos suelen están siempre localizables en la empresa.

Los acusados, según indica el fiscal, "forman parte de una estructura organizada para delinquir". En concreto, señala que el promotor y director de la misma reside normalmente en la zona de Barcelona, el acusado Wahid A., aunque, según añade, "su trabajo de delincuente profesional es itinerante por todo el territorio español".

RESPONSABLES

Junto a la jefatura de Wahid a., y como corresponsable de la citada organización delictiva, el fiscal destaca al acusado Abdelali L., a los que señala como "dirigentes" de la misma, "con un objetivo esencial: la sustracción de vehículos de alta gama por todo territorio nacional", apoyados en diversos países por otros individuos también pertenecientes a la misma asociación ilícita, "actuando a su vez alguno de ellos a mata caballo entre ese país y España, favoreciendo y dando cobertura así a dichos actos delictivos", señala el relato del fiscal.

"Todos los miembros de la organización actúan movidos por el ánimo de lucro, atendiendo a los importantes beneficios que supone la venta de vehículos de lujo procedentes de actuaciones ilícitas", subraya el fiscal.

En su relato, el fiscal señala a 32 acusados que forman parte de la organización delictiva y han participado en la actividad criminal desarrolla por ésta, no obstante están procesados doce personas, y algunos de ellos están en paradero desconocido. Además, considera, además, que en el caso concreto del acusado Azzedine B., alias 'El Calvo', concurre la agravante de reincidencia.

PENAS

El fiscal pide por cada uno de los delitos de asociación ilícita cuatro años de prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de diez euros y con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas impagadas.

Por cada uno de los delitos de asociación ilícita solicita tres años de prisión; por cada uno de los de robo con fuerza en las cosas, tres años de prisión; por cada uno de los de hurto; tres años de prisión; por cada uno de los delitos de hurto, 18 meses de prisión; por cada uno de los delitos de receptación, dos años de prisión; por cada uno de los delitos de falsificación de documentos oficiales, 3 años de prisión; por cada uno de los delitos de falsificación de documento de identidad, 3 años de prisión; por uso de documento falso, cinco meses de prisión; por cada una de las faltas de hurto y estafa, 12 días de localización permanente; y por cada uno de los delitos de robo con fuerza en establecimiento abierto al público, cinco años de prisión.

Además, el fiscal solicita por cada uno de los delitos de robo con fuerza en las cosas de especial gravedad cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena; por robo con violencia en las personas, cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena; y por cada uno de los delitos continuados de receptación, dos años de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.