El Pleno del Ayuntamiento de Segovia debatirá el 3 de febrero la devolución de la extra a sus funcionarios

La propuesta de presupuestos del Equipo de Gobierno contempla 220.000 euros para el abono

El Pleno del Ayuntamiento de Segovia abordará el 3 de febrero la decisión de devolver a los empleados públicos parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, suprimida por decreto-ley.

El alcalde, Pedro Arahuetes (PSOE), ha indicado que "seguramente" este jueves se llevará a la Junta de Gobierno Local (JGL) el abono de la extra y que el acuerdo se elevará al Pleno en su sesión del mes de enero, que se retrasará a febrero porque en ella se debatirá el proyecto de presupuestos planteado por el Equipo de Gobierno y se ha querido dejar tiempo a los grupos para que lo estudien.

El regidor ha presumido que la Subdelegación del Gobierno o el abogado del Estado recurrirán la decisión, por lo que la ejecución del acuerdo dependerá finalmente de los tribunales.

Así, ha indicado que si no hay suspensión el Consistorio procederá a devolver la parte proporcional de la paga y que, si no hay tal suspensión pero los técnicos municipales consideran que hay que esperar a la resolución judicial, esperará. "La decisión política y de los técnicos del Ayuntamiento, que en este caso es coincidente, es pagar la parte proporcional", ha incidido no obstante.

En el proyecto de presupuestos diseñado por el Equipo de Gobierno para 2014 se ha consignado una partida de unos 220.000 euros para asumir la posible devolución.

Los sindicatos que representan a los trabajadores municipales, según ha informado a Europa Press el secretario general de FSP-UGT en Segovia, Miguel Ángel Mateo, han reclamado ese abono en las mesas de negociación aunque no judicialmente.

Según ha dicho, el Consistorio podría abonar la extra como un anticipo en el mes de febrero o en marzo, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie acerca de la devolución.

En Segovia, según ha recordado Mateo, el Juzgado de lo Social número 1 falló recientemente a favor de seis enfermeras de la provincia dependientes de Servicios Sociales de la Junta. La sentencia se une a otras conocidas en el resto de la Comunidad.

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