El Estatuto concreta los derechos sociales

Treinta artículos de este ámbito asisten por primera vez a los andaluces, ya que en el texto de 1981 sólo se hacía referencia a los derechos sociales de los andaluces como «los establecidos en la Constitución Española».
El Estatuto aprobado ayer contempla el derecho a una renta básica digna, a la protección de la familia (también para las parejas del mismo sexo), a vivir en un medio ambiente saludable, al testamento vital, al acceso a las nuevas tecnologías, a una atención gerontológica (para la tercera edad) adecuada... También las víctimas de malos tratos tienen el derecho a obtener protección preventiva y a ser asistidas mediante ayudas públicas.En el aspecto económico, Andalucía recibirá durante siete años una inversión estatal que se calculará en función del peso de la población «real y protegida» sobre el conjunto español. Además, se creará la Agencia Tributaria Andaluza, se le cederán totalmente a la comunidad siete impuestos más y otros ocho nuevos le serán entregados parcialmente. El Parlamento ya puede fijar tributos para proteger la naturaleza.

Quizá una de las inclusiones que más se han discutido, la definición de Andalucía, se establece en el Preámbulo como «realidad nacional». También se detalla que «la Constitución, en su artículo 2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la nación española». Y se añade en art. 1: «Andalucía, como nacionalidad histórica (...), se constituye en comunidad autónoma, en el marco de la unidad de la nación española».

Muchos cambios

Organización territorial: El título que la describía en 1981 era el más pequeño del anterior Estatuto. Ahora cuenta con 41 artículos y especifica con detalles las funciones

del Parlamento, Gobierno y otras instituciones.

Medio ambiente: La contaminación del entorno deberá reducirse. Se adquiere el compromiso de luchar contra el cambio climático y de fomentar el desarrollo sostenible.

Radio y televisión: Un consejo audiovisual vigilará el contenido de los medios para que se ajusten a la Constitución.

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