El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha decretado el embargo de una vivienda y un vehículo propiedad de Beatriz Núñez Muñoz, administradora de una empresa supuestamente utilizada para introducir en el mercado las sobrecomisiones que cobraban los intermediarios en los expedientes.

Así lo establece un decreto dictado el pasado 15 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Juzgado instructor decreta dicho embargo para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 406.005,80 euros que le fue impuesta por la juez Mercedes Alaya el pasado día 11 de octubre.

El Juzgado recuerda que, el pasado día 5 de noviembre, se concedió a la imputada diez días para que designara bienes de su propiedad "en que trabar embargo", todo ello "sin que hasta la fecha se haya manifestado nada al respecto", habiéndose acordado la averiguación integral de bienes a través del sistema informático del Punto Neutro Judicial.

En virtud de todo ello, el Juzgado acuerda embarga a la imputada una vivienda unifamiliar ubicada en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y un ciclomotor marca Yamaha, mientras que también decreta el embargo telemático sobre los saldos bancarios que ostente la encausada de las entidades bancarias adheridas a la plataforma del Punto Neutro Judicial y de las devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria.

Beatriz Núñez Muñoz fue administradora única en las cuentas de la empresa Atrado Mensajería entre 2003 y 2006 y su imputación "vendría determinada por ser conocedora indiciariamente" de la actividad ilícita desarrollada por quien fuera su pareja e imputado en la causa Eduardo Leal del Real, presunto 'testaferro' de los ERE.

La juez considera que esta imputada "colaboró" con su expareja en la ejecución de determinadas acciones ilícitas "de lo que se ha denominado 'Entramado Atrado' mediante la ejecución de acciones tales como ostentaciones de órganos sociales, apertura de cuentas, o imposiciones de dinero en efectivo", todo ello "con el fin de facilitar que" el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, "cuya identidad permanecería oculta tras la pantalla de dichas sociedades, pudiera percibir sus ilícitas ganancias".

La juez Mercedes Alaya imputó a Beatriz Núñez presuntos delitos contra la Hacienda Publica, falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y blanqueo de capitales.