Anticorrupción pide 4 millones de euros de fianza para un abogado imputado en el 'caso de los ERE'

  • El letrado ha declarado ante Alaya desconocer la inclusión de intrusos en la empresa ACYCO.
  • Uno de los intrusos es un exalcalde socialista de un municipio sevillano.
  • Hay imputados dos abogados de Garrigues y otro de Estudios Jurídicos Villasís.
La jueza Mercedes Alaya, a su llegada a los Juzgados de Sevilla para tomar declaración al abogado Carlos Leal.
La jueza Mercedes Alaya, a su llegada a los Juzgados de Sevilla para tomar declaración al abogado Carlos Leal.
EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este viernes una fianza de responsabilidad civil de 4.089.000 euros para José Miguel Caballero, letrado del bufete Garrigues, quien ha negado ante la juez instructora de los ERE haber conocido la inclusión de "intrusos" en el expediente de la empresa ACYCO.

Fuentes del caso han informado de que Anticorrupción ha pedido que el bufete de abogados sea declarado responsable subsidiario de dicha cantidad, que responde, según la Fiscalía, a los 2,8 millones de euros a que ascendió el ERE de la empresa Aceitunas y Conservas (ACYCO), a lo que añade los 109.620 euros que Garrigues cobró por sus honorarios con cargo a una subvención sociolaboral de la Junta, entre otros pagos.

La Junta de Andalucía, personada como acusación, ha pedido una fianza civil de 600.000 euros, equivalente solo a lo que percibieron los tres "intrusos" del ERE de ACYCO: su presidenta, Encarnación Poto Monge; Andrés Carrasco, que era amigo del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y nunca había trabajado en la empresa; y Domingo Martínez Castillo, exalcalde del PSOE en San Nicolás del Puerto (Sevilla).

Las fuentes han informado de que el abogado ha negado a la jueza Mercedes Alaya haber conocido la inclusión de "intrusos" en dicho ERE, ya que su bufete acabó su trabajo con la resolución administrativa que lo autorizó.

Presunta malversación y prevaricación

Cuando el director de Recursos Humanos de ACYCO le comunicó que en el listado de beneficiarios habían aparecido personas que nunca trabajaron en la empresa, él se lo comunicó al responsable de la mediadora Vitalia y éste le respondió que había sido un error administrativo, según su declaración.

En cuanto al cobro de sus honorarios a cargo de una ayuda sociolaboral de la Junta, ha declarado que ACYCO le informó de que iba a pedir a la Junta que fuera un gasto reintegrable y subvencionable.

También ha dicho desconocer que las mediadoras en los ERE cobrasen sobrecomisiones por encima de la media de mercado, como sostiene la jueza Alaya, quien ha imputado al abogado presuntos delitos de malversación y prevaricación.

A preguntas de Alaya, Caballero ha afirmado también que la Junta de Andalucía "no era un cliente significativo" de su bufete ni por el volumen de asuntos ni por facturación".

Caballero, que se une a las 141 personas imputadas hasta ahora por el caso de los ERE, ha sido el primero de los dos abogados de Garrigues en declarar ante la jueza, quien tomará declaración la tarde del viernes a su compañero de despacho Juan Antonio López de Carvajal y a Daniel Gutiérrez Montaña, del Estudio Jurídico Villasís, despachos que mediaban en las ayudas investigadas.

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