La Guardia Civil, en dos informes remitidos a la causa que investiga el presunto desvío de 1,4 millones de euros públicos en la gestión de Ràdio Calvià, y en la que figura como querellado el exconseller de Turismo del Govern y exalcalde del municipio Carlos Delgado, apunta que el Ayuntamiento 'calvianer' no cobró los fondos que le correspondía percibir por dos contratos para la explotación de la publicidad de la emisora municipal.

Así consta en los dos análisis del Instituto Armado, a los que ha tenido acceso Europa Press, y sobre los cuales la representación procesal del Partido Socialista de Calvià, querellante en este caso, ha presentado ante el Juzgado sendos escritos en los que apunta a que la empresa contratista para gestionar los ingresos publicitarios "obtuvo beneficios" pero el Consistorio "no percibió ni un céntimo" de los fondos que le correspondían, lo que supone "una clara malversación de caudales públicos y de omisión del deber de perseguir delitos".

Más en concreto, en el caso de uno de los expedientes de contratación investigados, relativo a 2004, recuerda cómo a éste se le dio inicio el 12 de febrero de ese año por parte de Delgado mientras que ya el día 14, que correspondió a un sábado, se redactaron seis documentos para su tramitación. Circunstancia que, según aseveran los querellantes en uno de sus escritos, "lejos de demostrar una exacerbada diligencia laboral por parte de su autor, revela que buscó, y logró, encontrarse solo en dependencias municipales a fin de que su comportamiento pasara desapercibido por ser delictivo".

DELGADO:

"el alcalde no era quien controlaba la contratación"

Sin embargo, frente a estas consideraciones, la propia defensa de Delgado, mediante un escrito aportado a la causa, alega que al margen de tratarse de un expediente "sin gasto" puesto que "no hay un precio a abonar por parte de la Administración", lo que se pactó fue el cobro de un determinado porcentaje por parte del Ayuntamiento en caso de que hubiera ingresos y, producidos éstos, "se deberían haber ingresado y comunicado a la Administración".

Una situación que, subraya el abogado de Delgado, Antonio Monserrat, "debe ser reparada o justificada sin que ello, por sí solo, constituya acto punible sino, en su caso, la existencia de una deuda que, lógicamente, debería haber sido reclamada". "Pero tal omisión no puede nunca ser imputada al alcalde, por el hecho de que no era quien controlaba la ejecución del contrato ni la constatación de los ingresos", abunda en su escrito.