La fiscal ha atribuido este viernes un delito contra la vida a ocho de los diez mossos imputados por la muerte del empresario del Gaixample Juan Andrés Benítez, al entender que su actuación fue "excesiva, desproporcionada y desmesurada", si bien no ha concretado aún si se trata de un caso de homicidio doloso o imprudente.

En una comparecencia convocada por la juez que investiga el caso para que las partes concretaran la actuación de cada uno de los diez agentes, la acusación particular ha atribuido a ocho de los mossos un delito de homicidio doloso/asesinato, mientras que las defensas han reclamado el sobreseimiento para todos ellos.

La fiscal ha presentado a la jueza un escrito en el que acusa a ocho mossos de un delito contra la vida, al considerar que cuando efectuaron la contención, sujeción y reducción de Benítez actuaron "de forma excesiva, desproporcionada y desmesurada", tanto en la duración temporal como en el número de agentes intervinientes y la fuerza ejercida sobre la víctima.

La fiscal sostiene que los mossos imputados fueron conscientes de que sometieron a Benítez a una "situación de peligro y riesgo innecesario, que podían comprometer su vida", si bien puntualiza que no se ha podido determinar por ahora si tuvieron la intención directa de causarle la muerte.

La acusación pública reclama que la jueza pida a los forenses que practicaron la autopsia —que atribuyó la muerte a una causa multifactorial—, que precisen si la contención y las lesiones serían compatibles con el resultado de muerte si Benítez no hubiera ingerido cocaína previamente.

También pide que se cite como testigo al vecino con quien se peleó Benítez antes de la llegada de los Mossos, que ya compareció ante la juez como imputado, ya que fue el primer acusado por la muerte del empresario, pese a que finalmente se archivó su causa.

En su escrito, la fiscal remarca que todos los imputados fueron conscientes durante las maniobras de contención y reducción de la gravedad de las lesiones que le infligieron a Benítez en zonas vitales, como la cabeza.

Los agentes también eran conscientes, según la fiscal, de la "desproporción" en cuanto al número de golpes proferidos para reducir a Benítez, porque éste ya estaba tumbado en el suelo, por lo que los golpes "no eran necesarios para cumplir con la obligación de los policías en el ejercicio de sus funciones".

En su escrito, la fiscal detalla además que los mossos imputados fueron conscientes de que Benítez no tenía escapatoria, así como de sus continuos gritos, lamentos y respiración agitada, "que podían alertar a un ciudadano medio de la situación de estrés" en la que se encontraba la víctima.

La fiscal también remarca que los mossos no pidieron la ambulancia de urgencia para atender a Benítez hasta que el empresario quedó inconsciente, pese a que la tendrían que haber reclamado antes "conforme a las mínimas normas de cuidado, dado el estado en el que se encontraba la víctima".

Por su parte, la acusación ejercida por los familiares de Benítez ha atribuido a ocho agentes un delito de homicidio doloso/asesinato al entender que los agentes no se limitaron a efectuar maniobras de reducción al empresario, sino que efectuaron "de común acuerdo una contención violenta y desproporcionada" y le golpearon en el tronco, las piernas y la cabeza.

La acusación particular también atribuye a los mossos imputados un delito contra la integridad moral, detención ilegal, falsedad en documento oficial, obstrucción a la justicia, coacciones y encubrimiento.

Respecto a los otros dos agentes imputados en la causa—en este caso por limpiar con agua los restos de sangre de Benítez y por permitir el borrado de una fotos de los hechos—, la fiscal sostiene que "obstaculizaron de forma intencionada el buen fin de la investigación".

Por su parte, las defensa de los mossos han pedido que se archive la acusación en su contra y han reclamado que se vuelva a efectuar una nueva autopsia al corazón de Benítez para delimitar claramente las causas de la muerte.