El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado este viernes que la Administración andaluza "no puede compartir" que por parte del Gobierno central "haya más una defensa a favor del sector bancario que de las familias que están siendo desahuciadas".

A preguntas de los periodistas en Cortegana (Huelva), Valderas se ha referido a la decisión del Ejecutivo de llevar la ley andaluza 'antidesahucios' al Tribunal Constitucional (TC) y pedir que se paralice un recurso que ha sido admitido a trámite y que ha llevado a la suspensión cautelar.

Ante esto, el vicepresidente se ha mostrado convencido de que la ley andaluza es "totalmente constitucional y favorecedora de las familias que peor lo están pasando en el terreno de la vivienda".

De este modo, ha expresado su confianza en que el Tribunal Constitucional "dé la razón" al Gobierno andaluz, al tiempo que ha recordado que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ya anunció que la administración regional presentará un recurso para que "no dejen en suspenso la ley mientras toma el Tribunal Constitucional la decisión que tenga que tomar". En concreto, ha apuntado que la presentación del recurso se hará "con rapidez", de manera que confía en que "la semana próxima esté presentado".

"Estamos seguros de que al final la tomará favorablemente para la Comunidad Autónoma", ha enfatizado el vicepresidente, que remarcado que van a seguir defendiendo que "los desahucios no se produzcan". "Si este camino se ve vallado por esa decisión del Gobierno de España, nosotros tendremos que buscar otros caminos para que la gente no se vea desahuciada", ha dicho Valderas.

En esta misma línea, el vicepresidente andaluz ha recordado que "había 200 familias pendientes de sus trámites, dos expedientes se habían culminado y 37 estaban prácticamente aprobados", por lo que espera que "no sean tocados por este parón". "Yo espero que incluso los derechos de estas 200 solicitudes sean respetadas", ha añadido el dirigente regional.

En su opinión, "lo importante está en que el Tribunal Constitucional no paralice las actuaciones sino que se tomen las decisiones que sean oportunas sobre la constitucionalidad o no" de la citada ley. "Y lo digo porque eso permitiría salvar a estas 200 familias que tienen planteadas sus solicitudes", ha apostillado Valderas, antes de dejar claro que "seguirán trabajando en esa línea porque se trata de una ley de carácter muy social".

"Esperamos que el Tribunal Constitucional respalde a la Junta porque hemos medido mucho una ley para cargar de derechos a estas personas que más lo necesitan", ha concluido.