La Audiencia Provincial de Sevilla acogerá este viernes la constitución del jurado popular que enjuiciará al exgerente de una empresa municipal de Coria del Río para el que la Fiscalía pide cinco años de cárcel por destinar fondos de la sociedad a "sobresueldos" para los trabajadores de la misma y por firmar peonadas falsas para acceder al subsidio agrario a varias personas, entre ellas su esposa e hija.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público relata que el imputado, A.J.B., trabajó en 2000 y 2001 como gerente de la empresa 'Emacsa', participada en un 100 por cien por el Ayuntamiento coriano, y cuyo objeto social era la explotación agrícola de la finca 'La Dehesa'.

A lo largo de estos dos años, "y con ánimo de enriquecerse a costa del capital público", el acusado destinó fondos de la sociedad a la compra de efectos cuyo destino "no era servir al objeto social" de 'Emacsa', "sino el de ser regalados a los trabajadores de la empresa a modo de sobresueldos".

Asimismo, "firmó los documentos precisos" para que trabajadores "que no habían prestado" sus servicios en la finca, sino que habían trabajado para el Ayuntamiento en otros puestos o ni siquiera habían desempeñado trabajo alguno —los casos de su esposa y de su hija—, pudieran justificar el número mínimo de peonadas necesarias para adquirir el derecho a percibir el subsidio agrario.

De igual modo, y según el fiscal, el imputado "abonó mediante cheques nominativos" las nóminas correspondientes a dichas peonadas, las cuales "eran posteriormente devueltas por los trabajadores beneficiarios, incorporándolas el acusado a su patrimonio".

Así, el importe de las peonadas abonadas por la empresa en el año 2000 alcanzó un total de 13.992,67 euros, mientras que en 2001 el importe de las nóminas correspondientes a las peonadas "falsas" fue de 16.377,68 euros. Asimismo, el importe de las facturas correspondientes a bienes "inexistentes" en la finca y que fueron destinados a regalos ascendió en ese periodo a 10.820,58 euros.

La Fiscalía acusa al imputado de un delito de malversación de caudales públicos en concurso ideal con un delito de falsedad en documento oficial, por lo que pide para el acusado cinco años de prisión, nueve años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 41.190 euros en concepto tanto de facturas "sin justificar" como de peonadas "irregulares".

Aunque el jurado popular quedará constituido este mismo viernes, no será hasta el próximo lunes cuando el acusado preste declaración.