La asociación Ecologistas en Acción ha considerado "ilegal" el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y por el que la comunidad autónoma se reserva los derechos del complejo minero de Aznalcóllar (Sevilla) de cara a su reapertura, señalando al respecto que, a juicio del colectivo, la multinacional Boliden —a la que la Junta ha vetado su participación en el proyecto al ocurrir bajo su explotación la ruptura de la balsa de residuos que obligó a un programa de restauración ambiental de unos 90 millones que ahora la administración autonómica reclama a esta empresa— vendrá a "poner la mano".

El responsable de Minas de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, ha indicado a Europa Press que, en su opinión, la multinacional sueca va a querer utilizar la corta antigua para echar los residuos, "bajo el argumento de que presentó suspensión de pagos al no haberle dejado verter".

Para Ramos, los tres partidos políticos mayoritarios y con representación en la Cámara andaluza (PSOE, PP e IU) "se suben al autobús de los votos", afirmando su convicción de que los tres grupos se escudan en la supuesta creación de unos 400 puestos de empleo directos, "cuando serían, todo lo más, unos 250, si es que los hay, pues tengo mis dudas de que la mina se reabra".

La reapertura de la corta minera "no tiene sentido" en tanto que el Ejecutivo andaluz "se atribuye de manera ilegítima unas competencias del Gobierno central, ya que la Ley de Minas dice que el subsuelo le corresponde al Estado". Asimismo, el responsable de Minas de Ecologistas en Acción ha recordado que una de las empresas que cuenta con permisos de investigación "va a acudir al Gobierno central en defensa de sus derechos".

"No existe oro en cantidades como para ser explotable, sólo zinc y cobre, y no creemos que el zinc esté a un nivel de precio internacional como para abrir la mina, con lo que eso costaría", añade Ramos, que por otra parte se reafirma en la negativa a que la explotación sea a cielo abierto, "cuando se puede hacer en galería".