Una jueza italiana envía a juicio a 26 agentes de la CIA por el secuestro del imán Abu Omar en 2003

La jueza italiana Caterina Interlandi decidió hoy enviar a juicio los antiguos jefes de los servicios secretos militares del país (SISMI) y a 26 agentes de la CIA estadounidense, acusados por la fiscalía del secuestro en Milán (norte) del imán Abu Omar.
Abu Omar (Efe)
Abu Omar (Efe)
Efe
Abu Omar (Efe)

El pasado lunes concluyó la vista preliminar del caso con las peticiones de los abogados para que se archive el caso y del fiscal para que se abra un juicio.

Los acusados

Entre los acusados están el antiguo jefe de los servicios secretos italianos (Sismi) Nicoll Pollari, y el ex número uno del contraespionaje Marco Mancini, varios funcionarios y 26 agentes de la CIA. Más de una treintena de personas están acusadas del secuestro de Abu Omar en febrero de 2003 y su traslado posterior a una prisión egipcia, donde sufrió graves torturas, según él mismo ha denunciado, y recientemente fue puesto en libertad.

El abogado defensor de Pollari ha argumentado la inocencia de su cliente y ha asegurado que durante la vista preliminar ha quedado patentemente demostrado que fue ajeno a los hechos.

Mientras, se espera aún a que el Ministerio de Justicia decida si cursa una petición de extradición de los 26 agentes de la CIA, supuestos responsables del secuestro del imán, que habrían actuado con la connivencia de los servicios secretos italianos.

Abu Omar tiene un sumario abierto en Italia y, según las Fiscalía de Milán, sería uno de los cabecillas de la organización terrorista Ansar al Islam.

El caso de Abu Omar ha abierto una brecha en la coalición de centroizquierda que forma el Gobierno de Romano Prodi, después de que ayer uno de sus ministros criticara la posición del Ejecutivo.

El ministro de Infraestructuras, Antonio di Pietro, antiguo fiscal anticorrupción que saltó a la fama con el caso "Manos Limpias", consideró que el Gobierno se "equivoca", como dijo que ya lo hizo el anterior de Silvio Berlusconi, por no cursar la petición de extradición.

La crítica surgió a raíz de que el Gobierno mantenga desde la semana pasada un pulso con el poder judicial, tras anunciar que pediría al Tribunal Constitucional su opinión sobre un posible conflicto de competencias en el caso Abu Omar, en relación con el secreto de Estado.

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