La juez de Sevilla que investiga la presunta venta irregular de aproximadamente mil vehículos abandonados custodiados por la Oficina de Vehículos Abandonados (OVA), que dependía de Lipasam, ha citado a declarar como imputado este jueves día 16 de enero al que fuera jefe de Relaciones Externas e Institucionales de Lipasam hasta 2009 y posterior jefe del servicio de Inspección Enrique Herbello Naveiro, han informado a Europa Press fuentes del caso.

Además de Naveiro, en esta causa figuran como imputados el exgerente de Lipasam Rafael Pineda, que compareció ante la magistrada de Instrucción número 3 el pasado día 8 de enero; el responsable de la Oficina de Vehículos Abandonados y el propietario de un desguace.

En el caso de Rafael Pineda, la juez le imputó un delito de malversación de caudales públicos por haber autorizado el pago para el viaje de seis técnicos de Lipasam a Cuba, aunque el encausado defendió que los técnicos viajaron a Cuba a fin de acudir al Centro de Educación Ambiental y asesorar en materia de recogida de residuos, señalando que Lipasam "es líder a nivel nacional en recogida de residuos" y que "la forma de hacer cooperación internacional no era prestar dinero sino conocimiento y formar a los técnicos cubanos".

La juez, no obstante, apenas le preguntó sobre la presunta venta irregular de los coches abandonados, y sobre este particular el imputado únicamente señaló que, en el año 2009, se mandaron 20 o 25 vehículos con un valor máximo de 200 euros cada uno, precisando que el propietario del desguace imputado en la causa ya dijo que dichos coches eran suyos después de haberlos abonado.

Una vez concluida la comparecencia, el exgerente de Lipasam atendió a los periodistas para asegurar que se encuentra "tranquilo" y que confía en que la causa contra él se archive, pues entiende que el motivo de los viajes —en total dos, yendo en cada viaje tres técnicos— está plenamente justificado.

Estas diligencias se remontan al mes de junio de 2012 y parten de la denuncia promovida por la Gerencia de la propia sociedad municipal Lipasam.

En concreto, la investigación corresponde al destino de aproximadamente mil vehículos abandonados depositados en la Oficina de Vehículos Abandonados de Lipasam y presuntamente entregados a diversas chatarrerías al margen del procedimiento oficial, pues Lipasam no habría obtenido contraprestación económica alguna por la entrega de los coches.