Dos agentes dicen que el dinero que muestran los vídeos era de una peña de fútbol y niegan sobornos

Los guardias civiles que han declarado han negado haber pedido dinero y sólo uno dice que le dieron un billete, pero lo devolvió
Juicio guardias civiles aeropuerto cohecho
Juicio guardias civiles aeropuerto cohecho
EUROPA PRESS/ARCHIVO
Juicio guardias civiles aeropuerto cohecho

Dos guardias civiles acusados, junto a otros 15 compañeros que prestaban servicio en el aeropuerto malagueño por pedir dinero a pasajeros para dejarles pasar sus equipajes, han declarado en el juicio con jurado que se sigue contra ellos que el dinero que aparecen manejando en las grabaciones judiciales del caso era de una peña de quinielas de fútbol y no dádivas que pidieran a los viajeros.

Los 17 agentes están acusados de sobornar a los pasajeros para no retenerles pertenencias, como alimentos sin que hubiera una prohibición expresa, o comida que no podía ser importada; así como ropa e incluso dinero. La Fiscalía les acusa de delitos de cohecho, en algunos casos con carácter continuado, por los que pide suspensión de empleo o cargo público y multa.

Los acusados que han declarado este miércoles han negado los hechos, aunque algunos se han acogido a su derecho a no declarar, uno por la "manipulación" de vídeos y transcripciones. Como en la sesión anterior, los interrogatorios se han llevado a cabo visionando previamente las grabaciones de una cámara ubicada en una cinta de la terminal y de la instalada para esta investigación en una oficina.

Así, al mostrarles imágenes en las que supuestamente aparecen contando dinero, dos de los agentes han asegurado que era lo recaudado para los boletos de la quiniela de fútbol y han asegurado que otros compañeros del cuerpo, incluso otro de los acusados, formaban parte de esa peña o grupo, aunque no han podido dar los nombres de ninguno de los miembros.

Sobre otras imágenes en las que muestran sus recelos por la colocación en una oficina de una torre de ordenador —donde se había instalado la cámara oculta para investigar—, uno de los acusados ha dicho que sospechaba que se podía estar grabando "la desnudez" y los cacheos que se llevaban a cabo en dicha sala, pero no que estuvieran investigando los sobornos.

El resto de procesados han negado haber pedido contraprestación o haber visto que los demás lo hicieran a cambio de dejar pasar mercancías. Sólo uno ha apuntado que un viajero le dio dinero, pero ha reiterado que lo devolvió a la salida. Otro de los acusados ha lamentado que lleve ocho años imputado sin que le hayan concretado lo que hizo y no se ha reconocido en las grabaciones.

Este juicio se celebra con un jurado popular. La investigación comenzó cuando la Unidad Central Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil supo a finales de 2005 que algunos de los componentes del cuerpo destinados en la sección fiscal del aeropuerto pedían a los viajeros dinero para no retenerles ciertas pertenencias, según el escrito de acusación provisional del fiscal.

En esta línea, el ministerio público señala que los investigadores tuvieron conocimiento de que incluso por parte de la comunidad china afincada en la Costa del Sol se advertía a sus familiares de que cuando viajaran a Málaga trajeran en la mano un billete de 50 euros para evitar problemas. En noviembre de 2005, un familiar de un pasajero denunció los hechos.

Tras esto, se pidió autorización judicial para desviar la señal de una cámara, ubicada en una cinta de la terminal, e instalar otra en una oficina de la aduana, donde presuntamente se pedía y entregaba el dinero. En el escrito del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, se detallan en total 12 peticiones entre el 20 de enero y el 8 de febrero de 2006.

Según esta acusación, presuntamente, los agentes requirieron dinero por dejar pasar equipajes, alimentos sin que hubiera una prohibición expresa por la ley, pero también comida que no podía ser importada, ropa, dinero y, en un caso, un ordenador alegando que la aduana estaba cerrada. El fiscal achaca a algunos procesados de forma alternativa un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

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