El Parlamento, la Universidad y Cermi Cantabria han firmado este miércoles un convenio de colaboración para estudiar la adaptación de la legislación autonómica a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, informe que elaborará la institución académica.

La rúbrica, que ha tenido lugar en la Cámara regional, ha corrido a cargo del jefe del Legislativo, José Antonio Cagigas; el rector de la Universidad de Cantabria (UC), José Carlos Gómez Sal; y Roberto Álvarez, presidente del Cermi (Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria).

De acuerdo con el convenio, el Parlamento destinará 10.000 euros a financiar el estudio, que elaborará el departamento de Derecho Público de la UC, mientras que el Cermi realizará labores de asesoramiento.

Una vez realizado el informe, esta última entidad participará en la presentación y análisis del mismo ante la Comisión especial no permanente de Discapacidad del Parlamento de Cantabria.

Por su parte, el Legislativo, además de la financiación del estudio, impulsará a través del posterior debate en la citada Comisión la elaboración de las correspondientes propuestas y cambios que posibiliten la adaptación de la legislación autonómica a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Cagigas ha subrayado que para que la Comisión de Discapacidad del Parlamento siga avanzando los diputados "necesitan información, tener datos teóricos". Por ello, ha apuntado, para esa adaptación de la normativa autonómica "lo primero" que hay que hacer es un estudio previo, para saber "dónde estamos, adonde queremos ir y qué se puede hacer". En este sentido, se ha preguntado "quién mejor para hacer ese estudio que la Universidad".

Precisamente, el rector ha enfatizado la "solvencia" del grupo que va a trabajar en el informe está "absolutamente garantizada". Tal y como ha explicado, se trata de personas con "experiencia", que "ya han trabajado en estos temas", ha dicho Gómez Sal, para explicar que están integradas dentro de un proyecto nacional para el estudio de los derechos humanos dentro de la normativa jurídica existente.

Finalmente, Roberto Álvarez, tras señalar que solo hay un informe estatal en este ámbito, que es el que dio lugar a la adaptación de derechos a nivel nacional, ha destacado que el paso dado por Cantabria es "un hito". "Hoy mismo comunicaremos a todo el sector este acontecimiento, la firma de este convenio, porque va a tener impacto estatal", ha ensalzado.

CONVENIO

El Convenio prevé que los trabajos de la Universidad finalicen antes del 15 de abril de este año, fecha a partir de la cual el estudio será presentado ante la Comisión especial no permanente de Discapacidad.

El equipo de trabajo de la Universidad de Cantabria lo formarán María Olga Sánchez Martínez y José Ignacio Solar Cayón. La primera es profesora titular del Departamento de Derecho Público de la UC, miembro del Grupo de Investigación en Filosofía del Derecho, y actúa en calidad de investigadora responsable del estudio. Por su parte, Solar también es profesor titular del Departamento de Derecho Público de la UC y miembro del Grupo de Investigación en Filosofía del Derecho.

Esquema de trabajo

Según el esquema de trabajo previsto por la UC, una primera parte del estudio abordará la propia Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad como nuevo paradigma en el tratamiento de la discapacidad. Todo ello a través de un pormenorizado análisis que va desde el enfoque de la discapacidad como un problema de derechos humanos, pasando por los principios y objetivos de la Convención, o la determinación de los derechos de las personas con discapacidad en diversos ámbitos(salud, empleo, educación, acceso a la justicia, cultura, ocio, deporte...)

En la segunda parte del informe se abordará el impacto de la Convención en el ordenamiento jurídico de Cantabria (capacidad jurídica y de obrar, accesibilidad y ajustes razonables, autonomía y vida independiente, o las ya referidas, salud, empleo, educación...).

Posteriormente se expondrán unas propuestas de actuación para la adaptación del ordenamiento autonómico a la Convención en los diversos ámbitos temáticos y en materias transversales.

Por último, los autores del informe expondrán propuestas para la institucionalización de instrumentos de formulación de políticas públicas en materia de discapacidad.