Alaya imputa prevaricación y malversación a un excargo de Empleo por el 'caso de los ERE'

  • Javier Aguado fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo entre 2004 y 2008.
  • La jueza lo acusa de haber mantenido el uso de las transferencias de financiación para sufragar subvenciones.
  • También declarará la sucesora de Aguado en el cargo, Lourdes Medina.
  • La Fiscalía ha pedido para Aguado una fianza de 4,6 millones de euros.
La jueza Mercedes Alaya por las calles de Sevilla.
La jueza Mercedes Alaya por las calles de Sevilla.
GTRES

La jueza Mercedes Alaya ha imputado este miércoles dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, en el marco de la investigación del caso de los ERE falsos.

La comparecencia, cuyo comienzo estaba prevista para las 10.00 horas, se ha iniciado finalmente con casi dos horas de retraso, lo que ha motivado que la magistrada pida disculpas al abogado del imputado, justificando dicho retraso en que tenía que hacer de manera previa unas diligencias.

Tras ello, la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla ha imputado dos delitos de prevaricación y malversación a Javier Aguado, que fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo entre los años 2004 y 2008, cuando lo sustituyó Lourdes Medina, también imputada en la causa y que prestará declaración una vez concluya la comparecencia de Aguado.

Ambos fueron imputados el pasado mes de junio por haber mantenido el uso de las transferencias de financiación para sufragar subvenciones, junto a otros 18 cargos o ex altos cargos, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

4,6 millones de fianza

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 4.660.000 euros para Aguado. Abogados personados en la causa han informado de que, después de que el imputado se haya acogido a su derecho constitucional a no declarar, se ha celebrado una comparecencia en la que el Ministerio Público ha pedido una fianza civil de 4,6 millones para Javier Aguado, cantidad que a juicio de la Fiscalía se corresponde con el 20% de las desviaciones presupuestarias que se produjeron entre 2004 y 2008, cuando Aguado ocupó el cargo.

A esta petición se ha adherido la acusación que ejerce el sindicato Manos Limpias, mientras que la Junta de Andalucía no ha solicitado medida cautelar alguna para el imputado.

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