El fiscal Horrach ataca al juez Castro por basar la imputación de la infanta en una 'conspiración'

  • Ha dirigido un escrito al juez en el que pide que declaren los inspectores de la Agencia Tributaria que elaboraron los informes que exoneran a la hija del rey.
  • La Fiscalía no ha recurrido la imputación de doña Cristina.
  • Consulta el auto de imputación: PARTE I y PARTE II.
  • CRONOLOGÍA: La investigación del 'caso Nóos'.
El fiscal anticorrupción de las Islas Baleares, Pedro Horrach, en una imagen de archivo.
El fiscal anticorrupción de las Islas Baleares, Pedro Horrach, en una imagen de archivo.
Montserrat T Díez / EFE

El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, ha dirigido un escrito al juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, en el que pide más pruebas para sostener la imputación de la infanta Cristina por fraude fiscal y blanqueo de capitales y sugiere que ha basado su decisión en una "teoría conspiratoria".

De esta forma, la Fiscalía, que no ha recurrido la imputación, solicita ante el Juzgado de Instrucción 3 de Palma que antes de la declaración de la infanta comparezcan los inspectores de la Agencia Tributaria que han analizado la actividad económica de doña Cristina a través de la empresa Aizóon, de la que es copropietaria junto con su esposo, Iñaki Urdangarin. Asegura el documento que es una diligencia "imprescindible".

"El obligado cumplimiento de dotar de amparo a los funcionarios que en el ejercicio de labores de auxilio judicial, dependientes por tanto funcionalmente del magistrado al que me dirijo, han sido objeto de imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional. Teoría conspiratoria sobre la que el propio magistrado se apoya para justificar la existencia de indicios delictivos que avalen la imputación de doña Cristina de Borbón", dice el fiscal en su escrito para argumentar su petición.

"Grave riesgo" de "reproches éticos"

"Se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de doña Cristina de Borbón verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos", dice el escrito. También añade que las dudas "no sirven como base de una imputación" y reitera que "el hecho de imputar gastos personales ajenos a la actividad mercantil como costes de explotación no se contempla en el Código Penal como figura delictiva".

El fiscal explica que el argumento del "doble efecto fiscal defraudatorio" al que el juez aludía en su auto es "radicalmente errónea, y en todo caso, irrelevante penalmente, si las cuotas defraudadas no superan los 120.000 euros", umbral mínimo del delito fiscal. También apunta que si se hubiera declarado todo lo declarable, "el importe de la cuota presuntamente defraudada sería inferior a la que resulta de las actuaciones tributarias efectivamente realizadas por Aizoon y sus socios".

Recuerda que el propio instructor indicó en su auto de imputación que era "escasamente probable, aunque no merecedor de aplauso", que el presunto fraude alcanzara el grado de delito y le matiza que no es solo improbable sino "materialmente imposible".

Horrach rebate además la supuesta contradicción de la Agencia Tributaria respecto a la consideración de deducibles de tres facturas falsas emitidas por Intuit contra Aizoon en 2007 y argumenta que los inspectores las consideraron así porque el propio Castro les pidió que hicieran una liquidación de la sociedad de los duques sin excluir ingresos y determinando los gastos deducibles.

Por ello insiste en la importancia de que los autores de los informes de Hacienda ofrezcan explicaciones y que aclaren también la confusión que, a su juicio, tiene Castro entre ingreso y cobro respecto a las relaciones entre Aizoon y el Instituto Nóos entre 2006 y 2008.

Además de tres inspectores de la Agencia Tributaria y la jefa del grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, responsable de tomar declaración a los proveedores de Aizoon, el fiscal pide que vuelvan a declarar como testigos los representantes de siete empresas en cuyos consejos de administración estuvo integrado Urdangarin, que cobró de ellas a través de la sociedad que compartía con la hija del rey.

El propósito de estos testimonios es que corroboren, como hicieron en sus primeras declaraciones, que efectivamente el esposo de la infanta participó en los respectivos consejos, algo que el juez cuestionó en su auto.

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