Entre dos y tres años de espera en un juzgado de lo Social; lo mismo en uno Civil; y entre cinco y ocho años en uno Contencioso-Administrativo. Son los tiempos de espera que tienen que sufrir los andaluces en una Justicia "lenta, propia del siglo XIX", tal y como reconoció este martes el propio consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera.

Lo hizo tras anunciar que la Junta ha aprobado el decreto que permitirá reorganizar por completo el sistema judicial andaluz, con el único objetivo de "mejorar su funcionamiento y reducir los tiempos de respuesta".

Si bien esta reforma, que comenzará este año a modo de experiencia piloto en El Ejido (Almería) y Vélez-Málaga (en la parte judicial) y en Sevilla (en la parte fiscal), no estará completada durante la presente legislatura, ha admitido el consejero. Las nuevas oficinas Judicial y Fiscal apostarán por una mayor especialización del personal; y una mejor distribución del trabajo en equipo, lo que supondrá, entre otras actuaciones, descargar a los jueces y magistrados de las tareas de organización.

"Hasta ahora se habían establecido soluciones cuantitativas basadas en la clonación de más y más órganos judiciales", aseguró De Llera, que señaló que la actual reforma será "cualitativa". Y añadió que el nuevo modelo "no va a costar más dinero ni va a requerir de más funcionarios".

Precisamente, este es el talón de aquiles que señalan los sindicatos. "La idea es buena, pero si se desarrolla bien, y eso no es posible a coste cero", ha explicado a 20minutos Francisco Rueda, del sindicato Csif, que define el nuevo modelo como la "creación de una fábrica de resoluciones judiciales en cadena". El sindicato asegura que la reorganización "no se ha negociado, se ha impuesto"; y que "no va a ser la panacea, como ya se ha demostrado en otras ciudades, como Burgos, Valladolid y Ciudad Real".

Rueda señala que es necesario modificar los sistemas informáticos y la organización física de los edificios. Y concluye que "si no hay expediente digital, la nueva Oficina Judicial está condenada a fracasar".

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha designado un tercer fiscal en Sevilla, que se encargará del caso de las presuntas facturas falsas de UGT-A. La Junta ha asegurado que esperará a que termine la revisión de las ayudas para decidir si adopta medidas legales contra el sindicato. Por otro lado, la Fiscalía de Sevilla ha pedido abrir una nueva causa en el caso Mercasevilla por una supuesta factura falsa cargada a la sociedad Larena 98.