La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Andalucía ha dudado este martes de la eficacia de las nuevas Oficinas Judicial y Fiscal aprobadas por el Consejo de Gobierno y ha considerado que "afectará gravemente a los derechos de los funcionarios".

Es por esto, según explica en un comunicado de prensa, por lo que quiere mostrar su "indignación ante la falta total y absoluta de negociación en una cuestión de tanta importancia que regirá la estructura y funcionamiento de las oficinas judicial y fiscal que incidirá directamente en el rendimiento y funcionamiento de la justicia en nuestra comunidad", así como en las condiciones de trabajo de todo el personal y en el servicio público que esta Administración debe prestar.

Según CSI-F, el decreto que regulará estas oficinas "fue únicamente pasado a trámite de audiencia a los distintos operadores jurídicos, incluidos los sindicatos a mediados del año pasado". Sin embargo, considera que este hecho "no fue más que un hurto a la legitimación de la negociación en el seno de la Mesa de Negociación Sectorial de la Administración de Justicia, lugar donde han de ser negociados todos los asuntos que impliquen cualquier cambio en las condiciones laborales de los funcionarios de justicia como es el caso".

Así, lamenta que, "si la base de la que parte todo no ha podido ser negociada, difícilmente la futura implantación y desarrollo de la misma llegará a buen puerto y ya vendrán del todo viciadas y poco margen habrá para el consenso".

Para el Sector de Justicia de CSI-F Andalucía, se trata de un decreto "ambiguo, falto de imaginación, valentía y falto de intenciones reales de poner solución a una maltrecha justicia en la que cada vez se confía menos". "Tenemos la sensación de estar perdiendo la oportunidad de agarrar el toro por los cuernos y haber tenido unas oficinas dignas de los ciudadanos andaluces, capaces de dar una respuesta ágil que tanta falta hace y no un mero lavado de cara sin que el poder político muestre el más mínimo interés en ello", añade el sindicato.

A su juicio, la Junta de Andalucía "pretende cambiar una justicia del siglo XIX sin invertir absolutamente nada, ni en medios materiales ni personales" cuando lo que se necesita, según CSI-F, es "más personal, que se reclame Oferta de Empleo Público, que se abran de una vez las bolsas de trabajo, que se nombren refuerzos, que se habiliten planes de actuación necesarios, se amplíen el número de juzgados que se mantiene desde hace cuatro años, que se proceda a una especialización, formación y establecimiento de las RPT acordes con la especialización del personal judicial; y un larguísimo etcétera que siguen y seguirán pendientes en tanto el consejero no se siente realmente a negociar pero con verdaderas intenciones de ponerle arreglo a un mal endémico del que esa Consejería es conocedora".

Por todo ello, el sindicato pide a la Consejería de Justicia e Interior que, "ya que el decreto ha sido impuesto, al menos su desarrollo pueda ser consensuado por las diferentes fuerzas sindicales de la Mesa Sectorial".

STAJ,

También en contra

De otro lado, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha calificado de "farsa" esta normativa con la que la Junta, a su entender, intentará "vender a los medios de comunicación la supuesta y definitiva solución a los males de la Administración de Justicia".

Para esta organización, el nuevo modelo organizativo, que llega "con casi diez años de retraso", tendría que convertir a la justicia "en ágil y eficaz" y transformarla de manera que "responda en plazos razonables al justiciable". Pero para ello, según advierte en una nota, la Junta debería haberlo "negociado" con los representantes de los trabajadores e informado "del montante económico" que van a suponer sendas oficinas.

Por todo ello, STAJ se muestra "totalmente escéptico" y también duda de que la Junta pueda afrontar este cambio "si, según se concluye después de la tercera bajada de sueldo a los funcionarios de Justicia, no tiene dinero suficiente para pagar la totalidad de sus retribuciones; o si ni tan siquiera ha sido capaz de adaptar, después de casi cuatro años, los modelos procesales en el programa de gestión Adriano; o de garantizar unas mínimas plantillas en órganos judiciales tras la supresión de interinos de refuerzo estructurales", entre otras cosas.

Ante este "panorama de incoherencias", este sindicato asegura que "continuará reivindicando la paralización del desarrollo e implantación de este nuevo modelo de Oficina Judicial" hasta que la Junta no encuentre "el marco económico que permita acometer las inversiones públicas necesarias encaminas a afrontar con éxito todos los requisitos que precisará el nuevo diseño de administración de justicia: fundamentalmente en medios técnicos y de infraestructuras".