El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que regula la nueva organización y estructura de las oficinas Judicial y Fiscal, un modelo con el que se persigue mejorar y modernizar la administración de justicia en Andalucía, además de ofrecer a la ciudadanía un servicio próximo y de calidad que agilizará los procedimientos y reducirá los tiempos de respuesta.

Este nuevo modelo sustituirá la configuración vigente hasta ahora —juez, secretario y personal adscrito a cada órgano— e impulsará un modelo más eficiente de medios personales y materiales basado en servicios comunes de trabajo, según ha explicado el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Ha agregado que, con ello, se favorecerá una mejor distribución del trabajo en equipo y la especialización del personal, además de ofrecer a la ciudadanía un servicio próximo y de calidad que agilizará los procedimientos y reducirá los tiempos de respuesta.

De acuerdo con las previsiones de la Junta, la nueva Oficina Judicial comenzará a implantarse este año, aunque no hay una fecha fija, como experiencia piloto en El Ejido (Almería) y Vélez-Málaga (Málaga), mientras que la Oficina Fiscal se desarrollará por primera vez en la Fiscalía Provincial de Sevilla, una vez que se fijen los servicios creados y la relación de puestos de trabajo.

El consejero ha calificado de "revolucionario" este nuevo modelo para mejorar el funcionamiento del servicio de la administración de justicia y, sobre todo, para avanzar en su modernización. Ha señalado que se pretenden sentar las bases de un nuevo modelo, que supondrá un cambio cultural en los criterios y modos de trabajo en el seno de los órganos judiciales y fiscalías de Andalucía.

Ha indicado que este "vuelco radical" en la organización judicial y fiscal va a permitir, por ejemplo, una redistribución mucho más equitativa de las cargas de trabajo. Ha puesto el acento en que se persigue descargar a los jueces y magistrados de labores de organización y sustituirlos por los secretarios judiciales, que hoy están "absolutamente desaprovechados", de manera que se les va a poner al frente de la dirección de las oficinas judiciales.

Para el consejero, se trata de buscar una mejor distribución del trabajo en equipo y acelerar los tiempos de respuesta judicial, para lograr una justicia moderna del siglo XXI y acabar con esa justicia del "siglo XIX".

Ha expresado la disposición de la Junta a dialogar y buscar el acuerdo con los sindicatos en lo que respecta a los aspectos laborales, apuntando que él se niega a "imponer".

Emilio de Llera ha expresado su deseo de que este nuevo modelo esté implantado totalmente en toda Andalucía "cuanto antes", aunque ha admitido que será "muy difícil" que se logre en lo que queda de legislatura. "Una vez que se arranque ya se verá a qué velocidad se puede ir", según ha expresado el consejero, quien ha apuntado además que este nuevo modelo no va a "costar más dinero ni va a requerir de más funcionarios", aspecto este último competencia del Gobierno central.

En el modelo de Oficina Judicial se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras asistirán directamente a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados. Las segundas, sin estar integradas en órganos judiciales concretos, asumirán labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.

Estos servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido judicial. Estos últimos, para partidos sin separación de jurisdicción, se configurarán a su vez en dos secciones: procesal general y de ejecución.

En cuanto a la Oficina Fiscal, el decreto aprobado por el Consejo dispone que se podrán crear, cuando así lo aconsejen las dimensiones o el volumen de asuntos, cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores.

La norma establece también que el servicio común procesal general de la Oficina Judicial proporcionará a la Oficina Fiscal el apoyo necesario para el desarrollo de algunas funciones, siempre y cuando la racionalización del gasto y la optimización de recursos así lo aconsejen.

Paralelamente a la aprobación del decreto, la Consejería de Justicia e Interior trabaja ya en el desarrollo de las órdenes que permitirán implantar cada uno de los servicios y fijar el número de funcionarios adscritos a las unidades previstas en el nuevo modelo.

Modernización tecnológica

La implantación de las nueva Oficinas Judicial y Fiscal se une a otras iniciativas de mejora y modernización de la Administración de Justicia que la Junta viene desarrollando durante los últimos años, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías.

Entre ellas destacan el sistema telemático que conecta juzgados y centros penitenciarios andaluces para agilizar las notificaciones que afectan a la población reclusa, con 22.000 notificaciones en un sólo año de funcionamiento; Lexnet, una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos, que ha superado los 12 millones de notificaciones; Eemat, para facilitar la interconexión en todos los juzgados en el ámbito penal, y el programa Jara, para la gestión de documentación y archivos judiciales.

Además, la Administración autonómica está desarrollando un nuevo modelo de gestión procesal que permitirá la conversión del actual sistema Adriano —de acceso restringido a los órganos judiciales ubicados en una misma sede— en otro al que podrán acceder todos los juzgados y tribunales de la comunidad, desde el primer escrito hasta el archivo del expediente.