El ex veterinario de la Junta de Castilla y León José Carlos P.G, acusado de haber confeccionado más de 40 actas de inspección a establecimientos sin haberlos visitado y falsificar las firmas de sus titulares, ha negado los hechos pese a que seis de los diez encargados de los negocios que han testificado este martes no ha reconocido las rúbricas que aparecen en los documentos.

El acusado, contra el que se ha iniciado juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid, ha negado que falsificara firmas y 42 actas entre el 24 de agosto de 2008 y el 3 de junio de 2011 en una docena de establecimientos cuando trabajaba como veterinario de la Consejería de Sanidad en la Zona Básica de Salud de Esguevillas de Esgueva.

En concreto, los hechos que se juzgan se corresponden con inspecciones sanitarias en tiendas, bares y otros negocios ubicados en las localidades de Olmos de Esgueva, Encinas, Castrillo Tejeriego, Fombellida, Castroverde de Cerrato, Piña de Esgueva, Villaco, Villanueva de los Infantes o Torre de Esgueva.

José Carlos P.G. ha rechazado además que lo hiciera por motivos económicos, ya que ha asegurado que las cuantías que cobró en concepto de complemento —3.865 reclama el Fiscal y 5.177 la Junta— eran por permanecer disponible 24 horas por si se producía una alerta sanitaria y no era necesario hacer inspección alguna extraordinaria y voluntaria, además de las que tenía programadas.

El ex funcionario, que dejó de trabajar para la Administración después de que se le reconociera la incapacidad por motivos de salud en octubre de 2012, ha atribuido la investigación y las acusaciones al acoso laboral que sufría por sus superiores, algo que afirma que denunció al sentirse "muy maltratado".

La mayoría no reconoce firmas

A lo largo de la primera jornada han declarado como testigos diez titulares de negocios, tanto de hostelería como de alimentación, que visitaba José Carlos P.G. y todos ellos han asegurado que tras las inspecciones se les entregaba la correspondiente copia.

Sin embargo, sólo cuatro de esta decena han reconocido las firmas de estas actas como propias, mientras que otros seis han negado que alguna de las rúbricas que se les han mostrado fueran suyas. Además, algunos de ellos han reconocido también haber firmado un documento que el acusado les presentó en el que reconocían la autenticidad de sus firmas y de alguna manera le exoneraban, aunque en algunos casos por ignorancia o como favor al veterinario.

Inicialmente, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de estafa y solicita para el acusado seis años de cárcel, el pago de una multa de 8.640 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para el desempeño de empleo o cargo público.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la Junta de Castilla y León, pide cinco años de cárcel, además de la devolución de 5.177 euros que habría cobrado el acusado en concepto de complementos por estas inspecciones, mientras que la defensa solicita la absolución de su patrocinado.