El sector de monitores administrativos de centros docentes andaluces afectados por la problemática abierta tras el anuncio de la Junta de Andalucía de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones —unos 840 en total— ha criticado el hecho de que a la administración autonómica le dé "igual" su experiencia, después de conocer el anuncio realizado por el consejero responsable de Educación, Luciano Alonso, de que a lo largo de este lunes se remitirá la oferta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Una de las portavoces de este colectivo, Esther Porquicho, ha manifestado a Europa Press que la iniciativa de la Junta supone "dejarnos totalmente fuera del plan", ya que "parece que les da igual la experiencia que tengamos a la hora de realizar este trabajo y lo único que quieren es que haya alguien en los colegios en marzo".

Por lo demás, Porquicho ha confirmado que los afectados de toda Andalucía están llamados a las 10,00 horas del próximo miércoles 15 de enero a concentrarse frente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, "para que nos den explicaciones de los trámites, negociaciones y encaje legal que nos dijeron que iban a hacer y no han hecho".

Y es que hasta ahora la Junta se atenía al compromiso alcanzado en el sentido de que se paralizaba el plan de choque que supondría dejar fuera a los que hasta ahora han venido desempeñando estas funciones, mientras se intentaba encontrar con los sindicatos una fórmula para solventar esta problemática.

Por otra parte, el colectivo ha creado una petición en la plataforma digital 'change.org' en la que solicitan la homologación inmediata de la titulación a través de la experiencia en los puestos como monitor escolar, consultada por Europa Press, que ya ha recabado más de 6.000 firmas.

De esta homologación, aducen, depende el trabajo de más de 800 personas que accedieron a sus puestos sin necesidad de esta formación específica en mayo de 2006 y que vienen realizando sus funciones en condiciones "precarias" a través de subcontratas "que no les han pagado nunca más de cinco euros la hora trabajada, sufriendo impagos, retrasos, salarios muy por debajo de su categoría profesional y vulneración de sus derechos fundamentales".

"Tras llevar casi ocho años soportando esta situación, ven como la Junta de Andalucía toma las medidas necesarias para regularizar la situación de los puestos, tomando como principal premisa que estos trabajadores queden excluidos de dicho proceso", lamentan los afectados, para los que esta iniciativa supone "una clara represalia ante la petición de estos trabajadores de respetar las condiciones legales de contratación y no permitir más la precariedad del empleo en puestos de la administración pública".