El Grupo Municipal de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, que se celebrará el próximo martes, 14 de enero, tres mociones para plantear el debate sobre la atención al problema de la vivienda, la propuesta de establecer una 'tregua invernal' a las personas que no puedan pagar las facturas de la luz y el gas y la nueva legislación de régimen local que puede "desmantelar los servicios sociales".

Los concejales de IU en el Ayuntamiento, María Sánchez, Manuel Saravia y Alberto Bustos, detallaron las mociones que llevarán al próximo Pleno municipal, con aspectos relacionados "con la dureza de la crisis y de unas políticas del Gobierno que aumentan el dolor de muchos de los hogares y ciudadanos de Valladolid".

La primera moción a la que se refirieron es relativa a la cuestión de la vivienda, pues Manuel Saravia ha advertido de que el Gobierno de España ya menciona este problema como una de las cuestiones a la que ya se ha "puesto solución", cuando la realidad "dista mucho de ser" esa, pues según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 2,7 por ciento durante 2013.

Además, la propuesta de IU considera que la aprobación de la nueva Ley 10/2013, de 16 de diciembre, "de medidas urgentes en materia de Vivienda" establece "una serie de normas que han de afectar profundamente a la política municipal de vivienda". Por ello, consideron "obligado y además oportuno", revisar el Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2012-2015, para adaptarlo a la nueva legislación y establecer un nuevo eje estratégico, al que se dará prioridad, centrado en el problema de la infravivienda y los desahucios.

Se propone también una moción sobre la pobreza energética, situación en la que se encuentran, según explicó Alberto Bustos, las personas que no pueden hacer frente a los suministros básicos del hogar y que en Valladolid llegarían a un número de 32.000 personas. Izquierda Unida propondrá, así, un sistema de 'tregua invernal' que garantice que las empresas no cortarán el suministro de energía durante los meses de frío.

"Tras el rechazo del Partido Popular en el Congreso a la proposición de ley presentada por la Izquierda Plural y orientada a garantizar el derecho de los ciudadanos a los suministros básicos del hogar, el Grupo Municipal entiende que la reacción del Ayuntamiento de Valladolid ha de ser inmediata, ante la gravedad del problema", recordaron las mismas fuentes.

La tercera moción que planteaba IU, para llevar al debate municipal la propuesta de reforma de la Ley del Aborto por parte del Gobierno de España, fue por el Grupo Popular en la Junta de Portavoces debido a que "excede el ámbito municipal". Los ediles de Izquierda Unida lamentaron esta decisión porque el asunto ha generado un "amplio debate en la sociedad".

Interpelación sobre la reforma local

Se presenta también una interpelación sobre la nueva legislación del régimen local, con la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. A juicio de María Sánchez, la norma altera "de manera importante el ámbito competencial de las entidades locales y limita su autonomía".

Según IU, se recogen cuestiones de tanta importancia como la prestación de los servicios sociales, la promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer, o la creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo solo se podrán ejercer por delegación de la Comunidad Autónoma.

La pérdida de estas competencias puede suponer un riesgo para los puestos de trabajo de personal laboral que atiende estos servicios, ya que Sánchez advirtió de que la mayor parte de los puestos no aparecen recogidos en la Relación de Puestos de Trabajo. "Si se incluyeran en ella, quedarían más protegidos", ha recordado Sánchez.

Asimismo, María Sánchez añadió que se trata también de un conflicto económico, pues se necesita clarificar "a quién corresponde financiar la prestación de los mismos o de quién dependerán de aquí en adelante las personas que trabajan en ámbitos cuya regulación ha cambiado", por lo que los Presupuestos Municipales aprobados para 2014 podrían verse alterados en función de cómo se resuelvan estas cuestiones.

Por todo ello, IU entiende que resulta "necesario" que el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León clarifiquen cuál es el impacto real de la Ley 27/2013 sobre sus servicios, su plantilla y sus presupuestos que, en definitiva, serán también impactos sobre la vida de quienes habitamos esta ciudad.